A pesar de que desde hace décadas se sabe que este país no es competitivo en materia de puertos, carreteras, aeropuertos y todo lo que tiene que ver con la infraestructura, las obras no solo no se llevaron a cabo, sino que ni siquiera se les hizo un mantenimiento mínimo a las pocas existentes.
Publicado por: REDACCIÓN EDITORIAL
Hace poco más de dos semanas, el Congreso de los Estados Unidos ratificó el Tratado de Libre Comercio, TLC, que casi de manera inmediata fue sancionado por el presidente de esa nación, Barack Obama.
En Colombia, donde se esperaba desde hace años la noticia, ya comienzan a amainar los aplausos y disminuir las felicitaciones por el logro, para abrirle paso a los análisis y aclarar los recuentos sobre qué se hizo durante todo este tiempo en materia de preparaciones para asumir el reto económico más grande de la historia nacional.
Y a decir verdad, no fue mucho por no decir nada lo que se hizo. Por lo menos en lo que le corresponde al sector público.
Es que a pesar de que desde hace décadas se sabe que este país no es competitivo en materia de puertos, carreteras, aeropuertos y en fin, prácticamente todo lo que tiene que ver con la infraestructura que depende del Estado, las obras no solo no se llevaron a cabo, sino que ni siquiera se les hizo un mantenimiento mínimo a las pocas y obsoletas construcciones ya existentes.
En otras palabras, el sector privado nacional, al que se le viene un desafío enorme en el cual unos sectores se verán favorecidos mientras otros enfrentarán serias dificultades por cuenta de la competencia, que además implicará un profundo reacomodamiento de la industria colombiana, no cuenta con un socio estatal que cumpla con su parte del trato en materia de infraestructura básica. Socio que no sobra decirlo, sí tienen las empresas particulares estadounidenses.
Uno de los requisitos mínimos para que una economía fluya de manera aceptable y para que de paso ayude a un país a salir del subdesarrollo y la pobreza, es contar con una infraestructura básica. Pero en Colombia, además de que esa infraestructura no existe, ni siquiera están presentes las condiciones económicas o la transparencia necesaria para actualizarla. Además, por lo visto en los últimos seis años, menos aún está presente la voluntad estatal de desarrollarla en el futuro visible.
