Avivatadas que hieren hondamente

Vanguardia Liberal, el pasado sábado 28 de enero publicó un trabajo periodístico en el que denuncia las avivatadas en que ha incurrido buen porcentaje de las personas que han sido auxiliadas por el Estado, en forma generosa, para resarcirles el daño que se supone sufrieron por la inclemencia de las lluvias y por otras desgracias de la naturaleza que en los últimos años han lesionado a sectores desprotegidos de la comunidad.

Llama a escándalo que de las tres mil viviendas que fueron entregadas a damnificados del invierno y las crecientes de los ríos, cerca de 750 ya hayan sido vendidas y 200 más fueron arrendadas por los hipotéticos destechados. Ambos casos suman casi una tercera parte de las que con inmenso esfuerzo presupuestal han entregado las entidades estatales para mitigar las penurias sufridas por quienes a voz en cuello reclamaron ser destechados, estar desamparados, no tener dónde vivir.

Tal proceder hiere en forma letal a quienes con desprendimiento han contribuido económicamente para solidarizarse con tales sectores de la comunidad, a las autoridades que han destinado presupuesto del erario para ello, a los medios de comunicación que con ausencia de malicia han exigido rauda acción del Estado y han lanzado dardos por la falta de diligencia de muchos funcionarios públicos, a la ciudadanía en general que se ha preocupado por la suerte de sus compatriotas, entre otros.

Y algo muy delicado: tales viviendas se construyeron con dineros oficiales y al cambiarles su destinación, puede estarse incurriendo en delitos que tienen como sanción penas privativas de la libertad.

Algo semejante ocurre con los vendedores ambulantes que tienen invadida gran parte del espacio público de Bucaramanga y han convertido a la ciudad en un gigantesco ventorrillo de mala catadura. Como lo denunció hace poco tiempo Vanguardia Liberal en un trabajo periodístico, con el espacio de las vías peatonales, de las vías vehiculares, de los parques y demás sitios públicos, personas inescrupulosas negocian en forma descarada “arrendándolo”, cobrando coimas por su uso, “gemeleando” licencias expedidas por la Alcaldía, etc, mientras reclaman que los dejen trabajar. Y su “Ley” la imponen con base en pretendidas amistades con poderosos líderes municipales, autoridades y con múltiples formas de violencia.

El Estado no puede estar indefenso ante tal tipo de actos que lesionan hondamente a la sociedad. Las autoridades tienen la obligación de proceder a fondo en tan malolientes casos. Deben adelantarse  investigaciones penales, fiscales y demás que señale la Ley para establecer qué es lo que ocurre en el trasfondo de lo denunciado periodísticamente e imponer rígidas y ejemplarizantes sanciones para que ello no vuelva a suceder.