Publicado por: Editorial
La perra Kira, una criolla de pocos meses, murió con el cráneo destrozado a golpes en un patio de Bucaramanga, en un acto de enorme crueldad que ocurrió frente a un aterrado niño pequeño y una mujer que no pudo detener la sevicia. La reacción indignada de la ciudad logró que se capturara al agresor, lo que ahora deja todo en manos de la justicia, en la que es, quizás, la mejor oportunidad que se ha tenido en Santander, y tal vez en Colombia, de probar la eficacia y contundencia de la ley en favor de los animales.
La Ley Ángel de 2025 establece penas de cárcel de 32 a 56 meses para quien mate a un animal, multas elevadas y, sobre todo, la posibilidad de que la Policía intervenga sin orden judicial ante la flagrancia. Pero una ley, por severa que sea en el papel, solo vale en la medida en que se aplique con rigor y el caso de Kira será una prueba crucial, pues si se falla con la contundencia que exige la atrocidad, se enviará un mensaje que ningún maltratador podrá ignorar.
Hasta ahora, el profesionalismo de la fiscal Liz Fernanda Prado Rojas ha sido ejemplar, pues su relato en la audiencia fue enfático sobre las lesiones múltiples, el golpe letal en la cabeza, la necropsia que desmintió la versión del veneno, además del estremecedor hecho de que el agresor actuó frente a su propio hijo. Por estas y otras razones, la fiscal pidió medida de aseguramiento, y por eso la ciudadanía exige que se aplique la máxima pena posible.
La muerte de Kira removió conciencias porque fue grabada y difundida, pero en cada ciudad del país hay animales que sufren en silencio, golpeados, envenenados, abandonados. ¿Cuántos casos no llegan a la Fiscalía porque nadie se atreve a denunciar o porque se minimiza el maltrato? La Ley Ángel ahora ofrece la herramienta legal, pero el cambio real ocurre cuando un juez aplica la norma sin titubeos y en este caso la Juez 12 Penal Municipal de Control de Garantías tiene en sus manos la posibilidad de fijar un precedente histórico.
Se trata de afirmar que los animales, como seres sintientes que son, merecen la protección efectiva del Estado, y que quien torture hasta matar a uno de ellos, no merece caminar libre mientras la sociedad se horroriza. La fiscal fue enfática al hablar de “desprecio por la vida” y de “actos de sevicia”. Esa misma contundencia debe traducirse en una sentencia que sea consecuente con el castigo que merece quien ha llegado a esos niveles de violencia contra un ser vivo.
Las protestas ciudadanas frente a la Fiscalía, los videos difundidos, la indignación general, todo contribuyó a que este caso no quedara en el olvido, pero lo que debe suceder es que cada persona asuma el compromiso de denunciar cualquier acto de maltrato que conozca, por pequeño que parezca.
La muerte de Kira fue atroz y evitable. No fue la primera, pero puede ser emblema contra el maltrato animal si la justicia y la conciencia colectiva actúan al unísono de aquí en adelante. La Ley Ángel es la herramienta, y la justicia con la ciudadanía son el motor que debe mantener todo el tiempo en marcha el espíritu vigilante y protector de las personas sobre los animales.
