Publicado por: Editorial
El desmonte de la ciclorruta de la carrera 21, entre la calle 55 y la avenida Quebradaseca, marca un nuevo capítulo en la hasta ahora fracasada historia de la cicloinfraestructura en Bucaramanga. La administración municipal denomina esta intervención como una “reingeniería” orientada a recuperar un carril para la circulación vehicular; sin embargo, lo que estamos presenciando es, más bien, el lacónico epílogo de un proyecto que fue concebido sin rigor, ejecutado sin concertación e impuesto sin transparencia.
La construcción de las ciclorrutas en la ciudad fue una bandera del gobierno de Rodolfo Hernández, pero, como se recordará, su administración las implementó sin surtir los procesos de socialización que la ley exige y, en la práctica, terminó imponiéndolas sobre trazados que no responden a las necesidades reales de los biciusuarios. En pocas palabras, no hubo pedagogía, no hubo concertación y no hubo estudio serio de alternativas.
Esa falta de legitimidad y de prudencia en el origen explica en buena medida el fracaso posterior de todo el plan. Los canales exclusivos para bicicletas terminaron sirviendo a motociclistas, a vendedores ambulantes y a conductores de taxis y vehículos pequeños que los aprovecharon para estacionar o circular, todo lo cual dejó a la ciudad con una costosa infraestructura que no cumplió su propósito y que hoy se desmonta con pena y sin gloria.
La nueva propuesta es que en la carrera 21, el carril derecho será compartido por bicicletas y buses de servicio público; en la carrera 35, el carril derecho quedará destinado exclusivamente a ciclistas bajo la figura de “carril ciclopreferente” y luego se intervendrá la calle 33. Esta revisión a fondo de un proyecto que comenzó a trabajarse hace una década simplemente confirma su rotundo fracaso.
Además, el errático y poco democrático proceso de construcción de las ciclorrutas quedó claro cuando una sentencia del Tribunal Administrativo de Santander determinó que el trazado de algunas ciclorrutas había vulnerado el Plan de Ordenamiento Territorial, al hacerse sin los procedimientos correspondientes y sin garantizar la participación de las comunidades; es decir, la justicia confirmó que el proyecto se hizo al margen de la norma y de la gente.
Por otra parte, en lo que toca a la movilidad sostenible, hay que considerar también que Bucaramanga arrastra un déficit enorme de espacio público por habitante y un modelo de urbanismo profundamente excluyente, pues la ciudad ha crecido fragmentada, con barrios desconectados, andenes estrechos, parques insuficientes y una distribución inequitativa de los bienes comunes, por lo que cualquier política de movilidad sostenible debe abordar también esas carencias estructurales.
La movilidad sostenible no consiste únicamente en pintar ciclorrutas o instalar separadores, sino en garantizar que las personas puedan desplazarse con seguridad, dignidad y eficiencia, sin importar si usan bicicleta, bus, automóvil o sus propios pies, y por eso es imprescindible planificar con datos, con participación ciudadana y con respeto por las normas. Se trata simplemente de entender que la ciudad es de todos y que las decisiones sobre su espacio público no pueden tomarse a espaldas de quienes la habitan.
El desmonte de la ciclorruta de la 21 es una oportunidad para corregir el rumbo, siempre y cuando las acciones que van a acometerse corrijan de fondo y forma los crasos errores del pasado, caso en el cual estaremos condenados a repetir el mismo ciclo: proyectos que nacen mal, se ejecutan peor y terminan desmontándose entre críticas y frustraciones.
Durante todo este proceso fallido, Vanguardia ha estado denunciando la situación porque entiende que la ciudadanía tiene derecho a saber por qué se construyó lo que hoy se destruye o modifica, cuánto costó, quién lo autorizó y por qué no funcionó. Con el mismo ánimo constructivo y vigilante seguiremos informando todo lo que ocurra con el nuevo concepto de movilidad sostenible que empieza a emprenderse.
