Hoy hay claridad que quien compra adquiere una serie de derechos que la Ley protege y quien vende tiene responsabilidades y deberes que no puede omitir.
Publicado por: REDACCION EDITORIAL
La Superintendencia de Industria y Comercio informó que han aumentado significativamente las quejas y acciones emprendidas por consumidores contra productores y proveedores de mercancías de la más diversa procedencia e índole, y que ha crecido el número de sanciones impuestas por las autoridades para proteger a los compradores, ordenando a pro-veedores y fabricantes a responder por las mercancías vendidas.
Eso señala que en tal escenario soplan nuevos vientos y que en ello mucho tiene que ver el nuevo Estatuto del Consumidor, consagrado en la Ley 1480 de 2.011.
En Colombia regían raquíticas normas en tal materia que no respondían a la dinámica del nuevo modelo económico implantado, pues eran de 1.982 y reflejaban realidades anteriores a la globalización. Pero cambiarlas había sido imposible por la envergadura de los intereses en juego y lo difícil que era que algo de tal entidad superara el tamiz del Congreso.
Más en el país la aparición de nuevas realidades era un hecho. La economía proteccionista cedió el paso a la apertura de los mercados, a la competencia nacional e internacional, a la desregularización para estimular la creación de nuevas empresas, a la privatización de sectores económicos que fueron atendidos históricamente por empresas públicas.
Para que el crecimiento económico y las nuevas formas de comercialización de las mercancías no generaran gigantescas asimetrías, era necesario proteger los derechos del consumidor. Para ello se necesitaba un Estatuto que regulara debidamente los contratos de adhesión, las cláusulas abusivas en muchos contratos, la responsabilidad del comerciante y del productor por daños causados por productos defectuosos, normar las ventas a distancia, etc.
Esa fue la tarea del nuevo Estatuto del Consumidor y el que haya aumentado tanto el número de compradores que exigen a las autoridades la protección de sus derechos, que se les amparen sus intereses económicos, que quien vende les proporcione información adecuada sobre los productos que ofrece, significa que han cambiado los vientos en tan significativa materia.
Falta mucho por recorrer aún pues el asunto implica revaluar principios y asimetrías centenarias conforme a las cuales eran pocas las obligaciones y responsabilidades de los productores y proveedores pero se está avanzando pues hoy hay claridad que quien compra adquiere una serie de derechos que la Ley protege y quien vende tiene responsabilidades y deberes que no puede omitir.
