La realidad es que la ejecución de los recursos públicos en el área ha estado enmarcada por la falta de planeación, los sobrecostos, las licitaciones de único proponente y las relaciones de los contratistas con personajes de la vida política local
Publicado por: REDACCIÓN EDITORIAL
Las cifras son contundentes. Según la encuesta de Cultura Ciudadana 2014 realizada por Corpovisionarios con el apoyo de la Gobernación de Santander y la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el 90% de los bumangueses y habitantes del área metropolitana considera que la mayoría de los funcionarios locales son “muy corruptos”.
Esta cifra refleja la total inconformidad y pérdida de credibilidad que los ciudadanos tienen frente al manejo de lo público en el área metropolitana, de tal forma que la percepción generalizada es que quienes están al mando de las instituciones locales incurren en prácticas corruptas en el ejercicio de la labor pública.
Esta percepción no es gratuita. La historia de lo que han sido las últimas administraciones del área muestran que muchos de los que han asumido las riendas de los municipios que la conforman lo han hecho para favorecer sus intereses privados y los de sus allegados políticos, y no para trabajar por la ciudadanía. Los dos últimos alcaldes de Bucaramanga destituidos, al igual que en Floridablanca, y en este último municipio hasta uno prófugo de la Justicia, son la muestra evidente de que la clase política local se llenó de personajes cuestionables. Aunque claro, en un tema tan delicado no es posible caer en generalizaciones.
Pero la realidad es que la ejecución de los recursos públicos en el área ha estado enmarcada por la falta de planeación, los sobrecostos, las licitaciones de único proponente y las relaciones de los contratistas con personajes de la vida política local. Tan es así, que inclusive se habla de que ciertos institutos descentralizados o secretarías les “pertenecen” a determinados concejales o grupos políticos, para dejar en claro que son ellos quienes manejan las contrataciones que allí se dan.
La gran responsabilidad en todo esto está por cuenta de la inoperancia de las entidades de control, pues es precisamente la falta de consecuencias reales la que permite que la corrupción en la administración pública se multiplique. Existe la percepción de que frente a los casos de corrupción nunca pasa nada y al final todo queda impune.
En el plano local, la inoperancia de la Procuraduría y la Contraloría es evidente y la Fiscalía solo hasta ahora empieza a tomar cartas en asuntos de corrupción.
Pero los grandes responsables de que la corrupción se haya apoderado de lo público es de los electores, que siguen llevando a los cargos públicos a personas cuestionadas sin que esto pareciera importarles, y que son completamente indiferentes ante las denuncias de corrupción de sus elegidos.
