Editorial: La contratación estatal y la transparencia
Uno de los aspectos que más preocupa es lograr transparencia en la contratación estatal, pues se convirtió desde hace años en una gran ‘vena rota’ para el erario.
Entidades gremiales de prestigio como la Cámara Colombiana de Infraestructura y la Sociedad Colombiana de Ingenieros han hecho, cada cual por su lado, interesantes análisis del problema; las dificultades que hay en su marco legal, corrupción, cliente-lismo, un letal coctel logrado entre contratos estatales y política; todo lo anterior se materializa en la forma como se redactan los pliegos de condiciones, arista básica en tan deli-cado problema.
El estudio hecho por la Sociedad Colombiana de Ingenieros pone el dedo en la llaga del direccionamiento y amaño de los pliegos de condiciones, que es tan protuberante que solo en 5 de los 1122 municipios del país concursan más de dos proponentes en cada licitación, o selección abreviada de ofertas, es decir, que en 1117 de ellos y en la mayoría de los departamentos el número de oferentes que participa esparce un tufo de estar amañados los pliegos de condiciones.
La Cámara Colombiana de Infraestructura propone que se implementen pliegos de condiciones tipo para unificar las reglas del juego en materia de contratación estatal.
La otra cara de la moneda la expone la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda, entidad estatal que dirige la conocida funcionaria Ana Lucía Villa, que afirma que en 2014 en caja de los departamentos y municipios se quedaron sin ejecutar 15,2 billones de pesos por la severa disciplina fiscal existente y las limitaciones y barreras que impone el estatuto de Contratación Estatal.
La DAF pide que se reformen los esque-mas de ejecución de los entes territoriales para acomodarlos más a las características e idiosincrasia de las regiones y se involucre a las comunidades.
Las citadas miradas exigen buscar el fiel de la balanza en este momento en que el go-bierno central mira que hacer para mejorar la transparencia en la contratación estatal a fin de poder establecer qué horizonte es más recomendable para el país, sin dejar de lado otro elemento que genera dificultades: esa franja intermedia que captura parte de los recursos y muchas veces paraliza la ejecución de los presupuestos, que son los expertos y la actuación de las banca de inversión.