Una ruta, pero de pérdidas para los santandereanos
Muchas veces las personas se preguntan por qué con el Estado muchas veces solo terminan contratando los corruptos que suelen prestarse para enriquecer a unos pocos. Pareciera ser que para los contratistas serios, los que de verdad ejecutan un contrato para impulsar una región y obtener una ganancia en ejercicio limpio de su profesión, contratar con el Estado termina siendo una pesadilla. Incumplimientos, demoras, cambios de condiciones, cargas impositivas desbordadas y un infinito etc.
Es el caso de los empresarios santandereanos que han sido parte de los tramos II y III de la llamada Ruta del Sol.
Primero fue el tramo II que atraviesa varios terrenos del departamento, que tras las denuncias de corrupción de Odebrecht fue suspendido, dejando a proveedores y trabajadores con deudas y a un proyecto que traería desarrollo a la región en veremos. Ahora el Gobierno lucha por sacar adelante la Ruta, por lo cual el pasado lunes se anunció que el Invías ya tenía listos los prepliegos para impulsar las licitaciones y salvar el proyecto. El acuerdo busca garantizar los derechos de los trabajadores de la obra, el pago a proveedores y la sostenibilidad financiera. “Nunca se había presentado una situación de corrupción tan grande como la que se dio en este contrato”, afirmó el procurador Fernando Carrillo antes de exponer el plan del gobierno para salvar la Ruta.
Pero como si la suspensión del tramo II de la Ruta del Sol no fuera suficiente afectación para los santandereanos, aparece la realidad del Tramo III, que aunque su trazado se ubica en el Cesar, también afronta una suspensión de obras y pagos que tiene en jaque a varios empresarios de la región.
La crisis económica que afronta la Concesionaria Yuma, encargada del sector III, ha generado zozobra en los contratistas, pues a algunos les adeudan hasta cinco meses de facturas y salarios, entre los que hay empresas santandereanas que sumadas tienen una cartera por cerca de $40 mil millones.
Pero ante todo asombra también la pasividad del Gobierno Nacional, que en tiempos en los que muchos empresarios luchan por sobrevivir a la pesada carga que impuso la última reforma tributaria, no pareciera afanarse por perseguir a los resposables de estos incumplimientos ni mucho menos apura los recursos que salvarían a estos contratistas.
Mientras el Gobierno no entienda que es prioritario darles impulso a las obras de infraestructura bien ejecutadas y en manos de los mejores, seguiremos condenados a estar en la cola del crecimiento de los países.