Procuraduría abre investigación al Alcalde de Barrancabermeja por el caso de ‘niños fantasma’
La Procuraduría General de la Nación informó la apertura de una investigación al alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, por presuntas irregularidades en la ejecución de un convenio de cooperación suscrito entre la Secretaría de Desarrollo y la Fundación para el Desarrollo Social y Científico de Colombia, Fundesocol.
La investigación, tal y como lo señala el Ministerio Público, se fundamenta en un artículo de prensa publicado el pasado 23 de diciembre por el diario El Espectador titulado: Corrupción en Barrancabermeja: niños fantasma para cumplir un contrato.
La investigación periodística relata que la Alcaldía de Barrancabermeja canceló $1.100 millones en talleres para menores de edad, pero que “muchos no asistieron, sus teléfonos no existen o no los conocen donde supuestamente viven”.
Asimismo, se investigará si la Alcaldía de Barrancabermeja presuntamente falsificó o usurpó las identidades de más de 3.000 menores de edad.
Por este caso es investigada además Genny Rocío Suárez Domínguez, exsecretaria de Desarrollo Económico y Social. Por los mismos hechos la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja investiga disciplinariamente a Oliva Olivella Guarín, en su condición de contralora municipal de Barrancabermeja, quien, al parecer, dio concepto favorable en una auditoría practicada a este contrato.
¿Qué dice la Alcaldía?
La administración de Darío Echeverri Serrano emitió este miércoles un comunicado de prensa en el que asegura que atenderá cualquier requerimiento de los organismos de control.
Se “encomendó a un equipo para que atienda los requerimientos de la Procuraduría y demás órganos de control y vigilancia, en el sentido de entregar, explicar y dejar a disposición todo lo necesario y requerido para que se demuestre y se determine que todas las actuaciones administrativas y contractuales se realizaron de conformidad al ordenamiento jurídico”, precisa la comunicación.
En dicho boletín, la Alcaldía de Barrancabermeja reconoció la suscripción del convenio en cuestión, pero habló de un valor de $ 348 millones 874 mil y no de los $ 1.100 millones como advierte la denuncia periodística.
La Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía por este caso.