Tales inescrupulosos pagan por una vivienda de interés social una suma que oscila entre $5 millones y $10 millones, cuando en el mercado dicho predio tiene un valor de más de $30 millones.
El incauto damnificado, presionado por algún tipo de penuria económica, sencillamente vende su casa con tal de tener en sus manos el dinero en efectivo.
Así lo denunció la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe Botero, al tiempo que advirtió que esta ilegal práctica se ha detectado en Bucaramanga, Santander.
Sobre este neurálgico tema y otros asuntos relacionados con los subsidios de vivienda habló la titular de la citada cartera ministerial. Veamos:
¿Qué tipo de seguimiento les ha hecho su Ministerio a estos “avivatos”, quienes se lucran con la necesidad de la gente más necesitada?
Se comprobaron algunas denuncias específicas sobre este tema, no sólo en Santander, sino también en Magdalena, Boyacá y Tolima. Estamos investigando en qué otros casos las casas subsidiadas han sido comercializadas por fuera de la ley. Les he solicitado a los funcionarios del Instituto de Vivienda de Bucaramanga, Invisbu, más información al respecto.
En Bucaramanga, de acuerdo con informes entregados por el propio Invisbu, de 3 mil familias que han recibido los subsidios de vivienda, el 25% ya arrendó o vendió sus casas. ¿Qué hace el Ministerio ante esta ilegal situación?
Cuando nuestra cartera ministerial detecta algún caso, de inmediato, la vivienda debe ser restituida al Gobierno.
En el tema de la vivienda de interés social, ¿qué otra medida contempla la ley para estos casos?
Las familias beneficiadas con los subsidios del Estado no pueden vender los predios antes de cinco años; es más, todo el que vaya a comprar nunca va a tener un título legal. Cualquier tipo de transacción que se haga al respecto es ilícita. La familia sí recibe el título de propiedad, pero la ley no permite que la venda. Mejor dicho: estos predios, ni se venden, ni se alquilan, ni mucho menos se permutan.
En este asunto tan delicado, ¿qué sanción recae sobre la familia damnificada que vende su predio, conseguido por recursos del Estado?
A quien hay que señalar como responsable de esta práctica es a quien pretende comprar la casa, más que a la familia que la vende. Yo, como vocera del Gobierno, siempre espero que los beneficiados conserven, mantengan y mejoren su patrimonio.
Hace una semana usted les hizo un fuerte regaño a los alcaldes del país por las excesivas demoras para la puesta en marcha de los planes de vivienda para los desplazados. ¿Cómo va ese tema en Bucaramanga y, en general, en Santander?
Se ha detectado que no hay compromisos de los alcaldes para cumplir con los planes de vivienda para esta población. Bucaramanga, por ejemplo, alberga cerca de 25 mil personas desplazadas, pero en el 2011, la administración no presentó ni un solo proyecto para esta comunidad vulnerable. Lo peor es que este problema se repite en todo el país. Según cifras nacionales, el 63 por ciento del total de desplazados carece hoy de vivienda digna. Es increíble que los programas estén estancados a pesar de que los recursos existen.
El pasado 12 de febrero se cumplieron siete años de la avalancha del Río de Oro, ocurrida en Girón y en Bucaramanga. En ese entonces, 64 personas murieron y 5 mil familias quedaron destechadas. Hoy todavía existen hogares que siguen a la espera de que se les adjudiquen viviendas, mientras viven hacinados en albergues “provisionales” y en donde se evidencian el hacinamiento, la desnutrición y la miseria. ¿Por qué tanta demora al respecto?
Hay que advertir que, para el caso de este grupo de damnificados de la ola invernal de 2005, la población de Santander sí ha sido atendida por parte de nuestra cartera. Hablo con cifras: Del número total de subsidios asignados en el país, 28.637 correspondieron a esta región, por un valor de $230.628 millones. Fonvivienda ha entregado en Santander 13.185 subsidios, por $92.301 millones. En total, en este Departamento ya se han entregado 8.652 títulos, incluyendo a los citados municipios de Bucaramanga y de Girón.
En el tema de las borrascas, se debe hacer un “capítulo aparte” y advertir que el año pasado nos sacudió otra temporada fuerte en Santander. Estos nuevos damnificados, por llamarlos de alguna forma, también alegan que el Gobierno Nacional no les ha prestado la atención debida. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Durante 2011, para Santander se suscribió un convenio para ejecución de proyectos de atención del Fenómeno de la Niña para un total de 1.000 viviendas por valor de $16.068 millones.
La corrupción campea y los subsidios de vivienda no han escapado a este “cáncer”. Para citar sólo el caso de Girón, se podría decir que ese municipio construyó la llamada “Ciudadela”, que terminó siendo un proyecto en el que hubo politiquería a montones. ¿De qué manera el Ministerio ‘blinda’ los subsidios del accionar de los candidatos de turno, de tal forma que no se les dé un manejo politiquero?
Ese tema no me preocupa porque, a decir verdad, en asuntos de subsidios no hay la más remota posibilidad de que se les haga un manejo politiquero. Al Ministerio de Vivienda lo que le angustia, en realidad, son los intermediarios; es decir, esos tipos que engañan a la gente diciéndole que gracias a ellos se agilizan o no los aportes del Estado.
¿Qué hacer para que no exista tanta gente incauta en ese sentido?
Pues, informándole a la comunidad que no se deje engañar; que aquí no hay ‘palancas’ de ningún tipo, entre otras cosas, porque el tema de la adjudicación de subsidios no lo permite por nigún lado. Yo aprovecho este tipo de entrevistas para decirles a todos los santandereanos que el único chance para acceder al tema del subsidio se da al presentar los papeles que acrediten sus condiciones de desplazados, de afectados por el invierno o de sus extremas condiciones de pobreza.
A propósito del tema, en Bucaramanga la nueva metodología del Sisben marginó a 2 mil pobres de los subsidios porque los clasificó en niveles demasiado altos, dado los buenos índices de calidad de vida que registra nuestra ciudad. ¿En el tema de la vivienda popular ha pasado lo mismo? es decir, ¿Algunas familias han sido descalificadas por el Ministerio, pese a que son de escasos recursos económicos?
Por ahora, nosotros no hemos descalificado a ninguna familia en el tema de los subsidios; aunque sí le puedo decir que nos tenemos que someter a los resultados de las encuestas del Sisben en cada ciudad. Es cierto que, en estos casos, hay gente que termina ‘descabezada’, gracias a los filtros que ha impuesto Planeación Nacional. En esto hay tanto de largo como de ancho: hay gente “avivata” que se hace pasar como pobre; hay otra que es más necesitada; e incluso no falta quien suministra datos errados, con tal de acceder a las ayudas del Estado. La recomendación que yo hago consiste en que, quien se sienta marginado debe acudir a Planeación para reclamar sus derechos.
¿Es cierto que en Santander hay familias que no han legalizado sus subsidios de vivienda?
Mientras hay personas que alegan que no han recibido subsidios, hay familias que ni siquiera los han reclamado. En Santander hay 4.923 subsidios sin cobrar o sin legalizar por un valor de $37.195 millones. Estos representan 37,50% del número total asignado por Fonvivienda en esta región. En Bucaramanga, de manera específica, hay 663 personas que no los han legalizado, de manera inexplicable.
CAJA BIOGRÁFICA
Beatriz Uribe Botero
Natural de: Pereira, Risaralda.
Estudios: Es economista de la Universidad del Rosario; con maestrías en Política Social y Planeación del London School of Economics; y Estudios de Desarrollo de la Universidad de Bath, en Inglaterra.
Cargos desempeñados con anterioridad: Entre 1990 y 1992 actuó como coordinadora del Proyecto del BID- ISNAR. De igual forma, en el Banco Interamericano de Desarrollo ocupó el cargo de Oficial de Cooperación Técnica Regional, en el Departamento de Operaciones, entre 2000 y 2002. También fue Viceministra de Vivienda y Desarrollo Territorial entre 2003-2005. Luego fue Presidenta Ejecutiva Nacional de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, (2005-2009). También desempeñó importantes cargos como asesora y consultora.
Cargo actual: Ministra de Vivienda, fue nombrada en 2010.
