Este martes, en Ginebra (Suiza), se dio la primera fase de la revisión del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. Allí, los miembros del Comité interrogaron a los representantes del Estado Colombiano sobre la situación de la infancia y la adolescencia en el país.
Publicado por: COLPRENSA
De acuerdo con la indagación previa del Comité de las Naciones Unidas, Colombia es uno de los países donde más se presenta la explotación sexual infantil y se tiene una participación muy alta en las redes de pornografía con menores. Según las afirmaciones de los comisionados de la ONU, “es importante que en Colombia existan leyes para contrarrestar esto, pero creemos que no se están cumpliendo estrictamente”.
Otro tema que preocupa a la ONU es el de la violencia intrafamiliar, la cual “es avalada en cierta forma por la ley que permite corregir a los niños, pero no indica hasta que punto se aplica el castigo físico”, según indica el organismo.
La directora nacional de Victimas y Usuarios de la Fiscalía General de la Nación, Digna Isabel Durán, señaló que desde el ente investigador “se está trabajando para brindar la mejor atención a niños, niñas y adolescentes que sean víctimas de cualquier tipo de violencia”.
“Somos conscientes de que cuando un menor es víctima de un delito de estos, no solamente está afectado por el daño físico, sino también de manera emocional, social y afectiva”, señaló. Ante esto, desde la Fiscalía se está trabajando en cooperación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las Comisarías de Familia y el Instituto de Medicina Legal, las cuales acompañan en la sede de la Fiscalía las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
De esta forma se garantiza que cuando un menor de edad llega a denunciar algún delito en su contra, reciba una atención completa e integral en un solo sitio, sin que tenga que moverse de un lado a otro para tramitar su denuncia.
Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, reconoció que el Estado enfrenta grandes desafíos, entre ellos, el fortalecimiento a las familias para la construcción de entornos protectores garantes de derechos.
“Somos conscientes que la reconciliación será el resultado de transformaciones que implican un cambio cultural fundamentado en la garantía y efectividad de los Derechos Humanos”, dijo Plazas, quien advirtió que “parte central de este desafío es el fortalecimiento de las capacidades de las familias y las comunidades para proteger a las niñas, niños y adolescentes de todas las formas de violencia y explotación, así como para rechazar cualquier acción que los vulnere”.
Discriminación a niños indígenas y afrodescendientes
Otro tema por el cual el Comité de las Naciones Unidas manifestó preocupación, es la poca protección que se les brinda a los menores de edad que integran comunidades indígenas y afrodescendientes. Esto, a pesar de que la ley establece que los niños de las minorías deben contar con especial protección.
En particular, manifestaron preocupación por los casos de infibulación o mutilación genital femenina en algunas comunidades indígenas, sobre lo cual perciben que el Estado no ha avanzado en la prevención de esto.
Sobre este tema empezó hablando la procuradora delegada para la Infancia y Adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, quien afirmó que, desde el órgano de control se busca que “tanto el Gobierno Nacional, como los gobiernos territoriales atiendan a toda la población infantil y adolescente sin discriminar sobre su raza o etnia”.
Por su parte, la secretaria de la Comisión para la Primera Infancia de la Presidencia de la República, Constanza Alarcón, aseguró que desde el Gobierno Nacional “hemos enfocado nuestros esfuerzos en combatir discriminación”.
Según ella, aparte de eso “el Gobierno Nacional realiza una gestión territorial para que cada comunidad defina sus estándares de acciones con respecto a la población infantil y juvenil”. A esto se le hace seguimiento a través de la Mesa Nacional de Seguimiento a la Niñez Indígena y Afrocolombiana, “donde buscamos que cada ente territorial garantice el acceso al sistema de salud y educación en su territorio”.
Sobre el caso particular de la ablación genital infantil, Alarcón afirmó que el único pueblo sobre el cual se tiene información de que realiza esa práctica en las niñas es la comunidad Embera Chamí, que habita en los departamentos de Risaralda y Chocó.
La Secretaria aseguró que se ha investigado con el fin de comprender la razón de esta práctica ancestral, con el fin de establecer un mecanismo de diálogo con ellos, con el fin de terminar con esto. Alarcón afirmó que “esto se ha trabajado en cooperación con la Defensoría del Pueblo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que contempla dos líneas de trabajo: una jurídica, para juzgar la acción, y una desde el punto de vista de la salud pública”.
Según ella, con una parte de la población Embera hemos logrado eliminar esta práctica, pero la dispersión del mismo en el territorio que habitan ha dificultado el diálogo con todos los integrantes de esa comunidad.
Este miércoles se presentará la segunda sesión de preguntas por parte de las Naciones Unidas, ante lo cual los representantes del Gobierno deberán responder. El informe final de Comité será publicado el próximo 4 de febrero en rueda de prensa.
