En Santander pedirán revisión del fallo sobre minería en páramos
La solicitud será presentada a través de un oficio firmado por habitantes de la provincia de Soto Norte, Santander, en aras de que se tenga en cuenta la tradición minera de 460 años que tienen municipios como Vetas y California.
De acuerdo con el presidente de Asomineros Vetas, Orlando Gamboa, “Con este fallo (emitido el pasado 8 de febrero) están borrando 460 años de tradición minera. La minería es una actividad que por muchos años hemos desarrollado de manera legal, con minas formalmente constituidas”.
El representante de los mineros de Vetas aseguró que las prácticas han cambiado desde hace 10 años, con procesos y tecnología que garantice que el impacto ambiental sea el menor, vigilados por el Ministerio de Minas y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb.
Asimismo, la comunidad en Soto Norte teme porque este fallo, que busca proteger los páramos, reactive la minería ilegal en la zona.
“Se pasaría de ser una comunidad minera formal, a la presencia de minería ilegal y sin control, porque ya no habría control de las autoridades”, agregó Orlando Gamboa.
Con esta posición coincide el diputado de Santander Humberto Rangel, quien acompañó a los representantes de la comunidad de Soto Norte hasta Bogotá para interponer la solicitud, y quien añadió que además de dejar la puerta abierta para una minería no contralada también niega cualquier alternativa productiva.
“La Corte debe saber que un municipio como Vetas se enfrenta a situaciones graves porque los pocos títulos mineros que tenían y que quedaron fuera del Parque Regional Natural Páramo de Santurbán luego fueron afectados por la delimitación del páramo y actualmente no existen alternativas de seguir operando. A ellos no se les reconoce contratos de concesión, ni licencia ambiental de los títulos, entonces pedimos que se revise esa situación”.
El diputado precisó que la comunidad de Soto Norte no está en contra de la protección de los ecosistemas, pero sí exigen alternativas productivas viables para evitar crisis económicas o un desplazamiento.
“Cuando se delimitó el páramo la regulación era clara al asegurar que también prohíbe la producción agrícola y pecuaria. Ahora, sumado al fallo de la Corte Constitucional, las posibilidades de supervivencia cada vez se ven más limitadas”, afirmó el funcionario.
Al respecto, el Presidente de Asomineros Vetas recalcó que el 95% de la población de California y Vetas viven de la minería, razón por la que no abandonarán esta actividad.
“No vamos a dejar la vocación minera. Seguiremos trabajando. Si no es de manera formal lo haremos de manera informal, pero no vamos a dejar que nuestras familias aguanten hambre y tampoco pensamos desplazarnos del territorio”, dijo.
Los títulos que reclaman los habitantes de Vetas corresponden a los más antiguos de la zona, han generado 40 mil empleos –según Asomineros Vetas–. Caber recordar que las primeras minas en este municipio fueron fundadas en 1920.
Piden inclusión en el Plan de Desarrollo
Los habitantes de California y Vetas vienen participando en mesas sectoriales de trabajo con la Gobernación de Santander, para aportar al Plan de Desarrollo departamental.
El presidente del Sindicato de Mineros de Santander, Sintramisan, Fredy Gamboa, manifestó que estos encuentros se ha pedido las garantías de un desarrollo sostenible en el sector de Soto Norte.
“Se está estudiando la posibilidad de incluir en el Plan de Desarrollo dos proyectos de responsabilidad social, encaminados a analizar estrategias para fortalecer y logar posicionar una minería responsable en Soto Norte y en Santander, en otras palabras, una minería bien hecha, sin afectar el medio ambiente. Además, se busca aprovechar al máximo los proyectos alternativos y sostenibles, cadenas productivas de gran envergadura económica para nuestra región”, afirmó Freddy Gamboa.
Al igual que en Vetas, en California la comunidad vive un proceso de incertidumbre. “Hay demasiada preocupación por parte de las comunidades. Algunas crearon empresas mineras y depositaron todos sus recursos económicos en ellas y hoy están en el limbo jurídico”, agregó.
El presidente de Sintramisan manifestó que no quieren más promesas, sino hechos y garantías de supervivencia. “No queremos más habladurías, ni más reuniones, queremos que fijen mecanismos de inversión social participativa y efectiva, necesitamos que haya resultados eficientes y oportunos”.
VEA ADJUNTO LA CARTA QUE PRESENTARON ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL.