Hay momentos en la historia de una nación en los que guardar silencio deja de ser una opción. Colombia atraviesa uno de ellos. La controversia política es válida; desconocer las reglas esenciales de la democracia, no.
Gustavo Petro llegó al poder gracias a un proceso electoral organizado bajo unas reglas que él mismo reconoció como legítimas. Son esas mismas reglas, administradas por las mismas instituciones y sustentadas en el mismo marco constitucional, las que hoy dieron como presidente electo a Abelardo De La Espriella. Resulta, por decir lo menos, profundamente contradictorio que quien durante cuatro años ejerció la Presidencia gracias a ese sistema ahora pretenda desconocerlo cuando el resultado le es adverso.
Más inquietante aún es que proclame públicamente a Iván Cepeda como el verdadero presidente, desconociendo la decisión oficial de las autoridades electorales. En democracia existen mecanismos para impugnar elecciones, presentar pruebas y acudir a los jueces. No existe, sin embargo, el derecho de sustituir la voluntad de millones de ciudadanos por una proclamación política. La legitimidad de un gobierno no nace de arengas ni de publicaciones delirantes en redes sociales; nace del voto libre y de las instituciones llamadas a certificarlo.
La incoherencia se hace todavía más evidente cuando desde el Gobierno se cuestiona la decisión del presidente electo de suspender el proceso de empalme. ¿Cómo puede exigirse una transición normal con un mandatario electo cuya legitimidad niegan públicamente? Nadie está obligado a sentarse a construir una transición institucional con quien afirma, simultáneamente, que no reconoce su condición de presidente electo.
A ello se suma el llamado de Petro y Cepeda a la “desobediencia civil”, si Abelardo no se somete a sus absurdas, caprichosas e ilegítimas exigencias. Ya todos sabemos qué pasó la última vez que lo hicieron: el país estuvo azotado varios meses por paros terroristas.
Por otro lado, si bien la protesta pacífica es un derecho constitucional que debe protegerse, otra cosa muy distinta es llamar a la movilización para desconocer un resultado electoral. En un país con la historia de violencia política que tiene Colombia, los líderes políticos deberían ser los primeros en desescalar la confrontación, medir las consecuencias de sus palabras y no alimentar un clima de incertidumbre que pueda derivar en graves alteraciones del orden público.
¿Estamos acaso ante un posible Golpe de Estado?
Hoy la responsabilidad histórica recae sobre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Rama Judicial. Su lealtad no pertenece a un gobierno ni a un proyecto ideológico, sino a la Constitución y a la República. Su deber es garantizar que la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas pueda materializarse mediante una transición pacífica, ordenada y plenamente institucional.
El País los observa.
