Publicado por: Editorial
La reciente aparición de panfletos, pancartas y un cilindro abandonado en Barrancabermeja y Puerto Wilches ha reactivado, con justa razón, la preocupación de una región que conoce suficientemente bien el precio de la violencia. Estos actos, que aparentemente buscan imitar la intimidación de grupos armados, han generado una inquietud comprensible entre los ciudadanos, pero es necesario que la respuesta colectiva no se deje manipular por el pánico. La historia de esta ciudad y del Magdalena Medio es un testimonio elocuente de los estragos que causan la confrontación y el miedo, y precisamente por esa memoria histórica, se debe actuar con cabeza fría.
Primero que todo, la ciudadanía debe mantener la calma. La estrategia de quienes siembran estos mensajes es precisamente la desestabilización emocional de la población, pues un pueblo atemorizado es más fácil de dominar o extorsionar; pero la calma no puede ser sinónimo de pasividad o indiferencia, sino que, por el contrario, debe transformarse en una vigilancia activa y colaborativa con las autoridades, de modo que la serenidad de la comunidad es el primer escudo contra la zozobra que pretenden sembrar.
Esa tranquilidad ciudadana debe acompañarse con una acción firme, urgente y contundente de las autoridades. Las primeras hipótesis, que señalan la posibilidad de que los panfletos sean apócrifos o que el nombre del Frente 12 ‘Isaías Pardo’ esté siendo utilizado por delincuentes comunes, deben ser verificadas con la mayor celeridad. La utilización de nombres de estructuras armadas para fines de extorsión, alarmismo o terrorismo es una táctica que ya se ha visto en el pasado, y es una estrategia que no debe subestimarse.
Sin embargo, tampoco puede descartarse la presencia real de estos grupos, pues no es la primera vez que se registran acciones de este tipo en la zona, donde la presencia histórica de actores armados ha dejado una huella profunda. La experiencia de la última década en el Magdalena Medio debe servir como un manual de advertencia para la acción gubernamental, pues en estos años se han visto acciones de corte terrorista que, aunque aisladas, han logrado afectar el tejido social y la economía local.
Los responsables, sean quienes sean, deben comprender que la comunidad no se doblegará ante la amenaza y que el Estado tiene la capacidad y la voluntad para protegerla, como es su obligación. No se trata solo de encontrar a los autores materiales que distribuyeron los panfletos o pusieron el cilindro, sino de desmontar toda la organización que hay detrás de esta intimidación. La recompensa ofrecida por la Alcaldía y la Gobernación debe acompañarse de una protección efectiva a los testigos y denunciantes que puedan aportar información clave.
La investigación debe determinar sin dilaciones ni ambigüedades si existe una relación directa entre los hechos de Puerto Wilches y los de Barrancabermeja. Conocer esta conexión es vital para dimensionar la magnitud de la amenaza y trazar una ruta de acción efectiva, bien si se trata de un mismo grupo criminal o de células independientes.
La eficacia de la investigación y la transparencia en sus resultados serán lo que devuelva la confianza de una ciudadanía que espera respuestas con la mayor prontitud y certeza, además de que no se puede permitir que estas acciones queden en la impunidad, pues ello solo alentaría a los delincuentes a repetir su táctica de terror.
