El último informe del Índice de Transparencia no deja bien paradas las entidades públicas del país. Ninguna de las 167 entidades evaluadas logró demostrar un nivel bajo de corrupción.
Publicado por: JUAN CARLOS CHIO
Transparencia por Colombia alertó que, a pesar de los avances en materia normativa, el riesgo de corrupción en la mayoría de las entidades públicas del país sigue siendo alto o muy alto.
Según el último informe del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, el 60% de las 28 alcaldías evaluadas, el 50% de las 32 contralorías departamentales, el 40% de las gobernaciones y el 19% de las entidades nacionales se rajan en la lucha contra la corrupción.
Este estudio midió el riesgo de corrupción en 167 entidades públicas entre enero de 2015 y abril de 2016 en factores como visibilización, contratación, empleo público y políticas anticorrupción.
Cómo le fue a Santander
En el caso de Santander, el estudio destaca que la Gobernación registró un riesgo moderado de corrupción y la Alcaldía de Bucaramanga un riesgo medio (se midió el último año de los gobernantes salientes y los primeros cuatro meses de los nuevos gobernadores y alcaldes).
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Al respecto, la Administración Seccional mejoró ligeramente frente a la última medición, al pasar de un índice de 78,3 puntos entre 2013 y 2014 (de un total de 100) a registrar 79,2 entre 2015 y 2016.
Por su parte, la Alcaldía de Bucaramanga, que venía de registrar 65,3 puntos (2013-2014), bajó su índice de transparencia a solo 61,9 (2015-2016).
Preocupa, además, que la Contraloría de Santander, el ente de control encargado de vigilar la inversión de los recursos públicos en el departamento, se mantiene con un riesgo alto, según el índice.
¿Quienes se rajaron?
Los resultados de la evaluación ciudadana señalan que las entidades que portan los mayores riesgos de corrupción están en la rama legislativa y en la rama judicial.
En la rama judicial, de las dos entidades evaluadas, la Fiscalía General de la Nación obtiene una calificación que apenas alcanza los 50 puntos, mientras que en la rama legislativa el Senado obtiene escasos 55 puntos.
Además, las entidades con la evaluación más deficiente son: la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (Uiaf) con 47,5 puntos; la Fiscalía (50,0) y la Superintendencia de la Economía Solidaria, con 52,8 unidades.
En la rama ejecutiva, las de mayor riesgo son las gobernaciones y las alcaldías de categorías menores, con calificaciones promedio de 51,0 puntos y 46 puntos sobre 100, respectivamente.
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Transparencia por Colombia advirtió, además, que “ninguna de las 167 entidades evaluadas (en el país) por esta herramienta de control social logró el nivel de riesgo bajo de corrupción”.
La calificaciones más aceptables se clasifican en el rango riesgo moderado, que fue logrado solo por el 22% de las gobernaciones y el 11% de las alcaldías evaluadas.
Las que se van salvando
Por su parte, las entidades que presentaron un mayor repunte con respecto a la anterior medición fueron el Bienestar Familiar (Icbf) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
En cuanto a las gobernaciones, es la de Antioquia la de mejores resultados, con un índice de transparencia de 84,5 puntos, mientras en las alcaldías la mejor fue la de Pasto con 77,9 unidades.
Así como ninguna de las entidades evaluadas logra el nivel de riesgo bajo de corrupción, se tiene que tampoco hubo entidades con riesgo muy alto.
No obstante, sí aumentaron las entidades en nivel de riesgo alto de corrupción, pasando de 11 a 14 entidades.
Riesgo en la contratación
Otra de las preocupaciones que hay es que en el nivel territorial más de 50% de las licitaciones cuentan con un solo proponente, una cifra muy inferior a las entidades del nivel nacional, donde el 91% de las licitaciones lograron 3 o más proponentes.
Además, la contratación directa representa el 74% en el nivel nacional, el 59% para el departamental y el 41% para el municipal.
Por otro lado, se identifica que los organismos estatales tienen poco interés en adelantar políticas anticorrupción y esto ha llevado a que en la mayoría del territorio colombiano apenas están comenzando a implementar el Estatuto Anticorrupción que se aprobó en 2011.
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De igual forma, se destaca que aún hay un déficit en cuanto a empleo público, especialmente en los municipios y departamentos, donde se mantienen brechas salariales y se observa el crecimiento del número de contratistas (CPS), una práctica que usualmente se relaciona con el clientelismo.
¿Qué estrategias se deben implementar?
Según Transparencia por Colombia, se debe seguir trabajando en estrategias como una mayor visibilidad, en políticas anticorrupción y en procesos de contratación más transparentes.
Además, la corporación explica que “es necesario que más ciudadanos se sumen al control social como medio para proteger los asuntos públicos”. Para ello se requiere que denuncien los casos de corrupción y participen en las rendiciones de cuentas.
En cuanto a las entidades públicas, una de las claves está en modernizar el empleo público, evitar el aumento de los contratistas (CPS) y garantizar mejores condiciones laborales.
Finalmente, se requiere que las contralorías pongan ejemplo y mejoren en transparencia (son de las peores calificadas).
Preocupación por posconflicto
Informe de Transparencia por Colombia.
