El accidente de tránsito que posteriormente cobró la vida del entonces asesor del gobernador Didier Tavera, Carlos Andrés González Mebarak, está a punto de convertirse en un conflicto judicial por más de $3 mil millones en contra de la Gobernación de Santander.
Publicado por: OSCAR IVÁN REY
Alberto González León, padre de Carlos Andrés, afirmó que demandará a la Gobernación por la negligencia en la afiliación de su hijo al Sistema de Riesgos Profesionales.
“Carlos fue nombrado el 4 de abril del 2016 como asesor del gobernador Didier Tavera. El 5 de abril, Carlos viaja hasta Bucaramanga a tomar posesión de su cargo, e inmediatamente el Gobernador le ordena a mi hijo que se devuelva a Barranca para temas de la administración, y en ese viaje Carlos sufre el accidente”, explicó Alberto González.
Una vez ocurrido el siniestro la Gobernación notificó a la ARL Positiva como “accidente de trabajo”. Sin embargo, la compañía de seguros rechazó la solicitud, ya que González Mebarak “no estaba cubierto por la relación laboral”.
“Mi hijo no fue afiliado el día antes de su posesión como demanda la ley y no quedó amparado por la ARL”, indicó González.
Ante esta situación, los familiares y amigos cercanos de Carlos Andrés sostuvieron económicamente los gastos médicos de González Mebarak por los 19 meses que este luchó por su vida.
“Ningún dinero puede pagar la vida de un hijo, acá lo que busco es justicia y resarcimiento con mi nieta que quedó desprotegida con tan solo 5 años de vida”, puntualizó Alberto González.
Papeles al día
Por su parte, la oficina Jurídica de la Gobernación desestimó las acusaciones de los familiares de Carlos Andrés González.
“La Gobernación tiene todas las pruebas de que el señor Carlos Andrés sí contaba con afiliación a riesgos laborales a la hora del siniestro. Además, aunque en un principio, por la premura del accidente, la Gobernación reportó el hecho como un accidente laboral, sin embargo, la administración después corrigió, toda vez que González Mebarak se encontraba era de viaje con sus amigos, no en comisión de trabajo”, explicó Luis Alberto Flórez, jurídico de la Gobernación.
