La Alcaldía de San Gil tendrá 40 días para presentar un cronograma de recuperación integral de la plaza de mercado, que deberá incluir las fuentes de financiación.

Publicado por: Jorge Rios
El Tribunal Administrativo de Santander confirmó la orden judicial que obliga a la Alcaldía de San Gil a adelantar la recuperación integral de la plaza de mercado del municipio. Según la información de la sentencia de segunda instancia, proferida el 11 de noviembre de 2026, la administración municipal deberá presentar, en un plazo de 40 días, un plan detallado de intervención que incluya el cronograma de obras y los recursos necesarios para ejecutarlas.
La decisión, cuya ponencia estuvo a cargo de la magistrada Lizette Carolina Perea Pineda, ratifica el fallo emitido el 1 de junio de 2026 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil, que declaró vulnerados varios derechos colectivos debido al deterioro del inmueble, entre ellos los relacionados con el espacio público, la protección del patrimonio público, la seguridad y la prevención de desastres.
Además de mantener las órdenes de primera instancia, el Tribunal exigió que la planificación de las intervenciones contemple un componente financiero que permita establecer de dónde saldrán los recursos para recuperar las dos antiguas casonas ubicadas sobre la carrera 11, en el centro histórico del municipio.
La decisión representa un nuevo capítulo en el proceso judicial promovido por las condiciones de la plaza, cuya infraestructura presenta problemas que comprometen su conservación y generan riesgos para comerciantes, trabajadores y visitantes.

Promesas incumplidas
Uno de los principales argumentos examinados por el Tribunal fue la afirmación de la administración municipal según la cual los riesgos habían disminuido después de las intervenciones realizadas a finales de 2025.
Sin embargo, de acuerdo con el contenido de la decisión judicial reseñada, estas obras tuvieron un carácter provisional y estuvieron orientadas principalmente a reducir el riesgo de accidentes por desprendimiento de materiales, sin resolver las afectaciones que presenta el conjunto arquitectónico.
El Tribunal consideró que las reparaciones locativas no reemplazan la restauración integral exigida para un Bien de Interés Cultural, cuya intervención debe atender las disposiciones de protección patrimonial y los lineamientos del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).
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A esta conclusión se suma un informe técnico elaborado por el municipio en octubre de 2025, citado dentro del proceso, que advierte sobre el deterioro progresivo de la edificación. Según la información recogida en el documento judicial, persisten fisuras, humedades y desprendimientos que requieren actuaciones más amplias que las ejecutadas hasta ahora.
Las intervenciones anteriores estuvieron relacionadas con las medidas cautelares ordenadas por el Juzgado Tercero Administrativo en octubre de 2025, cuando se exigieron actuaciones para reducir los riesgos existentes en las instalaciones.

¿Qué pasó con los $500 millones anunciados por la Alcaldía de San Gil?
El historial de inversiones permite dimensionar las dificultades que ha enfrentado la recuperación del inmueble. En septiembre de 2025, el Concejo Municipal aprobó un proyecto de incorporación de recursos de balance por aproximadamente $11.186 millones, dentro del cual se contemplaban $500 millones para intervenir la plaza de mercado.
No obstante, las obras financiadas con esa partida no se materializaron durante aquella vigencia. La ejecución de los recursos quedó pendiente de nuevos trámites presupuestales y de las autorizaciones necesarias para intervenir un inmueble protegido.
Mientras se resolvía esa situación, la Cooperativa de Servicios Comerciales (Comsercoop), encargada de administrar la plaza desde finales de 2025, contrató una intervención por $35 millones destinada principalmente a reparar la fachada del pabellón sur, sobre la calle 13, junto al sector de carnes.
De acuerdo con lo informado en enero de 2026 por Mauricio Ardila, representante de Comsercoop, los trabajos se financiaron con recursos provenientes de los pagos realizados por los arrendatarios de la plaza. La intervención permitió atender afectaciones puntuales, pero quedaron pendientes trabajos en cornisas, canales, bajantes, cubiertas y otras zonas de los dos pabellones.
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La inversión de $35 millones equivale al 7 % de los $500 millones anunciados por la administración municipal, aunque corresponde a una contratación diferente y no constituye una ejecución parcial de aquella partida presupuestal.
Posteriormente, en abril de 2026, la Secretaría de Hacienda de San Gil informó que los recursos municipales inicialmente previstos para la plaza no estaban contemplados en el nuevo proyecto de incorporación presupuestal, debido a la inversión que había anunciado el Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Este antecedente adquiere relevancia frente a la nueva orden judicial, que exige identificar las fuentes de financiación y presentar una programación para la recuperación del inmueble.
Los $4.343 millones anunciados por Prosperidad Social
La otra inversión prevista para la plaza corresponde a los $4.343 millones anunciados oficialmente por Prosperidad Social en marzo de 2026, durante una visita a San Gil de su entonces director, Mauricio Rodríguez Amaya.
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El compromiso, presentado como parte del Pacto Santander Solidario, tenía como propósito mejorar la infraestructura de uno de los principales centros de abastecimiento de la provincia de Guanentá y fortalecer las actividades comerciales de productores y vendedores.
En mayo, el DPS confirmó que la ejecución de las inversiones anunciadas para San Gil y Barichara estaría bajo la responsabilidad de Enterritorio. Sin embargo, el anuncio de los recursos y la definición de un mecanismo de ejecución no significaban que las obras de restauración ya hubieran comenzado.
Sobre el estado de la financiación, el alcalde de San Gil, Edgar Orlando Pinzón Rojas, manifestó recientemente a medios locales que había intentado gestionar una reunión para conocer los avances del proyecto, pero recibió información de que los recursos permanecían detenidos mientras se definían los lineamientos del nuevo Gobierno nacional para su entrega.
La situación deja pendiente establecer cuándo podrá concretarse la inversión y cómo se articulará con las obligaciones que corresponden a la administración municipal.














