Al menos 4.600 hogares afrontan problemas por la falta de servicios públicos en Bucaramanga. La cifra se queda corta si se tiene en cuenta que este diagnóstico no incluye a las veredas.
Pese a que la capital de Santander es una de las ciudades del país que dispone de mayor cobertura de redes de servicios de agua, luz y alcantarillado, el surgimiento de nuevas invasiones, (15 en los últimos cuatro años), hace que no se cuente con una oferta completa de conexiones públicas.
Por citar solo un ejemplo, las tasas de cobertura del servicio de acueducto, si bien son superiores al 80 % en Bucaramanga, aún no cumplen con la meta nacional diseñada para 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Merece la pena señalar que estas cifras se ven impactadas por las viviendas informales de Bucaramanga, muchas de las cuales no tienen acceso a algunos servicios públicos, tal y como ocurre en el sector de El Gallineral.
En ese ‘barrio’, situado en los límites entre Bucaramanga y Girón, hay al menos 230 familias que no acceden al preciado líquido. Incluso las aguas negras de sus precarias viviendas son arrojadas al afluente que bordea al asentamiento subnormal.
¿Qué dicen las autoridades?
Frente al tema, Vanguardia consultó al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, quien destacó la importancia de las comunidades y la autogestión para algunos de esos servicios.
“Hoy existen acueductos populares. Se están implementando las comunidades energéticas. En muchos municipios y ciudades hay hogares que están solicitando que se les pongan paneles solares, porque eso les rebajaría las tarifas. Hay que regular y normatizar esas situaciones, para que se faciliten a las comunidades poder participar en la autogestión”, dijo el superintendente Quiroga Collazos.
Para el Superintendente, es trascendental que la reforma de la ley de servicios públicos la prioridad sea el usuario.
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A su turno, Camilo Sánchez Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, señaló que los niveles de cobertura en el país en ofertas de servicios públicos se encuentran en “la última milla”.
No obstante, ante las necesidades para las comunidades que han estado excluidas, el directivo de Andesco aseguró que deben existir inversiones desde lo público.
“Esa es la última milla, la más costosa. Por eso se necesita seguridad jurídica para que los privados también participen. Si no, lo más caro les va a tocar a los Gobiernos Nacional y Regional. Tenemos que trabajar en equipo, es muy importante ese proceso. Ya las coberturas son importantes, tenemos que seguir trabajando”, dijo Sánchez Ortega, quien advirtió la necesidad de que se destinen recursos desde el Presupuesto General de la Nación.
Frente a la eventual reforma a los servicios públicos, destacó que deben existir garantías para que el sector privado pueda realizar inversiones: “Tiene que generar utilidades o si no, no hay inversión”.
