La disputa por el Parque de las Mejoras Públicas de Bucaramanga llegó a una nueva instancia. Se interpuso una tutela ante el Consejo de Estado para defender la propiedad del predio.
La Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga (SMP) se pronunció sobre la sentencia emitida el pasado mes de junio que ordenó que el Parque de las Mejoras Públicas pase a la administración de la Alcaldía de Bucaramanga.
Cabe recordar que este emblemático parque fue construido y ha sido administrado durante décadas por la Sociedad de Mejoras Públicas, una entidad privada sin ánimo de lucro que sostiene ser la legítima propietaria del predio.
Frente a la decisión judicial, la Sociedad informó que interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado, al considerar que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales como la libertad de asociación, el acceso efectivo a la administración de justicia y el derecho a la propiedad privada.
La Sociedad sostiene que la titularidad del predio está respaldada por la legislación vigente, al tratarse de un bien recibido mediante una donación, por lo que considera que no existe fundamento para despojarla de su administración.
“No puede configurarse una presunta expropiación, recuperación o despojo de un bien que ha sido legítimamente administrado, protegido, conservado y engrandecido con recursos propios, garantizando su preservación ambiental y evitando ocupaciones e invasiones que afecten su integridad”, argumentó la organización.
Asimismo, aseguró que durante todos estos años ha cumplido con las obligaciones legales derivadas de la propiedad del inmueble, entre ellas el pago de impuestos, el mantenimiento permanente de las instalaciones y las inversiones para su conservación.
“Lo que evidencia nuestra posesión, administración y mejoramiento continuo del parque en beneficio de la comunidad”, concluyó la Sociedad.
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¿Por qué se disputa la propiedad del Parque?
El debate sobre la propiedad y administración del parque se originó tras una acción popular presentada por habitantes del sector, quienes argumentaron que, pese a tratarse de un espacio de uso colectivo y de interés público, este era administrado por una entidad privada, lo que, a su juicio, limitaba el derecho de los ciudadanos al acceso, uso y disfrute del espacio público.
En junio de este año, el Tribunal Administrativo de Santander, al resolver el proceso en segunda instancia, ordenó a la Alcaldía de Bucaramanga adelantar las actuaciones necesarias para recuperar la administración del parque y garantizar su carácter público. Además, dispuso revisar el origen jurídico de la Sociedad de Mejoras Públicas, con el fin de establecer si, por su naturaleza y funciones, corresponde a una entidad pública o a una organización privada.
