Adriana Lizarazo lleva dieciocho años buscando a su esposo, desaparecido en Floridablanca. Hoy es una de las buscadoras que acompaña a la Unidad de Búsqueda en las exhumaciones de desaparecidos en Santander, donde hay 5.700 personas sin encontrar.
Publicado por: Danilo Cárdenas
Si Santander guardara un minuto de silencio por cada uno de sus 5.700 desaparecidos, tendría que callar casi cuatro días seguidos. Colombia, con 136.000, necesitaría más de tres meses: unos noventa y cuatro días sin pronunciar una sola palabra.
Adriana Lizarazo guarda ese silencio de a poco. Lo cumple cada vez que ayuda a otra familia a encontrar a su ser querido desaparecido. El viernes 2 de octubre lo guardó una vez más, frente a una bóveda del cementerio de Campo Hermoso, sin saber de quién era el cuerpo que el equipo forense se disponía a sacar. Sabía que no era el de su esposo. Encendió una vela y descongeló su duelo.
“Para mí esto es descongelar el duelo. Es llorar a mi desaparecido”, dice. “La otra persona llora el suyo, yo lloro el de ella y ella llora el mío. Eso hace parte de descongelar”.
Adriana es defensora de derechos humanos, funcionaria del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Santander e integrante de Guardianes de la Memoria. Pero antes que todo eso, y por encima de todo eso, se define con dos palabras: mujer buscadora.
El duelo congelado
Busca desde el 25 de agosto de 2008. Ese mediodía, mientras el país empezaba a conocer el escándalo de los falsos positivos de Soacha, en Floridablanca desaparecieron dos personas. Una era su esposo, conductor del supermercado La Canasta. Han pasado dieciocho años y todavía no lo encuentra. No ha podido llorarlo como se llora a un muerto, porque nunca ha tenido un cuerpo sobre el cual poner las manos. Un duelo congelado, lo llama.
Aprendió a buscar de la mano de otra mujer, María Díaz, que ya cargaba la misma herida. Con ella entendió lo que significaba rastrear a un desaparecido en Colombia y lo que estaba pasando en el país. Desde el Comité de Solidaridad y el Movimiento Nacional de Víctimas, Adriana dejó de buscar solo a su esposo para buscar también a los esposos, los hijos y los hermanos de otras. Viaja a los municipios donde alguien dice que puede haber un cuerpo. Documenta. Hace prospección. Pone el nombre donde solo había una sigla.
Parte de esa pelea fue traer el Estado hasta acá. Durante años, dice, a Santander se le aplicó una frase cómoda: aquí nunca pasó nada. “Y en Santander sí pasó, sí pasa y sigue pasando”, responde ella. Esa negación, sostienen las organizaciones sociales, pesó para que el departamento no fuera priorizado cuando se creó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la entidad que nació del acuerdo de paz. Las mesas de víctimas, las organizaciones y la universidad pública tuvieron que enviar informe tras informe para demostrar lo que las cifras oficiales preferían no ver, hasta que la Unidad abrió oficina en el territorio.
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El documento que terminó de abrir esa puerta se llama Buscando en Dignidad. Lo construyeron el Comité de Solidaridad con Presos Políticos y la cooperación internacional, y recogió decenas de solicitudes de búsqueda y varios sitios de interés forense en el área metropolitana de Bucaramanga y en la provincia de Soto Norte. De ese informe salieron recuperaciones concretas en cementerios de la región. Y de ese informe sale, también, el cuerpo que la Unidad intentó rescatar en Campo Hermoso.
Las preguntas de Campo Hermoso
El viernes 2 de octubre, el cementerio municipal de Bucaramanga, el de Campo Hermoso, amaneció convertido en escenario forense. Es la sexta fase de intervención de la Unidad en este camposanto. Manuel, coordinador del grupo de la Unidad en Santander, explica el tamaño del problema: han rastreado alrededor de 600 protocolos de necropsia de personas sin identificar que pudieron terminar enterradas aquí, y han ubicado cerca de 104 sitios de interés forense. De ese universo, el equipo ha recuperado unos 80 cuerpos. Solo nueve han sido identificados y entregados a sus familias. Son una fracción de lo que la Unidad lleva registrado: más de 136.000 personas desaparecidas en Colombia, 5.700 de ellas en Santander.
El resto del cementerio trabaja en contra. Las bóvedas tienen numeraciones encimadas, borradas, que no coinciden: donde debería seguir un número salta otro, porque a lo largo de los años cambiaron el orden y nadie lo corrigió. El cuerpo que buscaban ese viernes fue alguna vez un NN de otro cementerio, uno que demolieron para levantar el puente elevado de la novena.
Según la hipótesis de localización que arrojó la investigación humanitaria, en esa bóveda podría estar Luis Alberto Ramírez, a quien su familia y las organizaciones reclaman como víctima de una ejecución extrajudicial. Por eso estaban allí su gente y las buscadoras. Aura Díaz, coordinadora del colectivo Guardianes de la Memoria, encendió la primera vela por él. No hubo certeza ese viernes: el cuerpo irá a estudios de ADN y la respuesta puede tardar seis meses.
Pero si es él, la entrega será digna, con la logística y el acompañamiento que las buscadoras pelearon durante años para que un desaparecido no se devuelva a su casa dentro de una bolsa.
Al tomar la palabra, Aura Díaz situó a Luis Alberto entre las más de 7.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales que, según las organizaciones, dejó el país. Pidió que el acuerdo de paz, del que nació la Unidad, no se hunda, y que el Gobierno no le niegue recursos a la tarea de buscar e identificar a los desaparecidos.
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Después invitó a los presentes a encender su luz “por todos los desaparecidos de Colombia, pero muy especialmente por Luis Alberto Ramírez”. Y, frente a los retratos, agregó: “Son rostros de la tristeza, son rostros de las lágrimas. Millones de lágrimas han derramado las familias por buscarlos, por encontrarlos. No todos han tenido la misma suerte”.
