La propia Corte ha advertido que el incumplimiento de una tutela vulnera el orden constitucional y frustra la materialización efectiva de los derechos protegidos de las comunidades.
Ganar una tutela o una acción popular debería significar el comienzo de una solución, no el inicio de otra larga batalla. Sin embargo, en muchos barrios obtener un fallo favorable parece ser apenas un paso más entre demoras, trámites y promesas.
La justicia puede ordenar la recuperación del espacio público, garantizar servicios básicos o proteger a familias en condiciones de riesgo, pero cuando las entidades obligadas a cumplir no ejecutan las órdenes, el derecho reconocido termina reducido a una decisión escrita.
Los casos de los barrios Villa Rosa, Alfonso López, San Bernardo, La Malaña y La Concordia reflejan la distancia entre lo que ordenan los jueces y lo que ocurre en las calles. Comunidades que han acudido a los tribunales para exigir la erradicación de invasiones del espacio público, la conexión de servicios, la reubicación de viviendas o la recuperación de vías siguen esperando que las decisiones se materialicen. En La Malaña, por ejemplo, la Corte amparó el derecho al agua y ordenó a la Alcaldía garantizar un mínimo vital mientras se avanzaba hacia una solución definitiva. El problema, entonces, no está solo en que un juez reconozca el derecho, sino se cumpla lo ordenado.
En las tutelas existen el trámite de cumplimiento y el incidente de desacato: el primero busca hacer efectiva la orden judicial y el segundo permite establecer responsabilidades por su incumplimiento. La Corte ha reiterado que estos mecanismos pueden utilizarse de manera simultánea o sucesiva y que el juez debe adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo su fallo.
Pero si una comunidad tiene que regresar una y otra vez a los despachos para exigir el cumplimiento de una decisión, queda en evidencia una falla que trasciende el proceso: la justicia reconoce el derecho, pero la administración no siempre logra convertirlo en una solución concreta.
Cada día que una orden judicial permanece sin ejecutarse aumenta la frustración de quienes confiaron en las instituciones y deja una pregunta incómoda: ¿qué autoridad responde cuando una sentencia queda en letra muerta? Una justicia efectiva no puede medirse solo por el número de fallos, sino por su capacidad para transformar la realidad de las comunidades que acudieron a los tribunales en busca de una solución.
Cinco casos concretos
- Alfonso López: El Tribunal Administrativo de Santander amparó hace seis años los derechos de los residentes de la calle 34, entre carreras 4 y 7, del barrio Alfonso López de Bucaramanga, una zona declarada de alto riesgo. De hecho, por estos lados, cada vez que llueve se va un pedazo de escarpa por culpa de la inestabilidad de la zona. En esta cuadra, alrededor de 12 viviendas requieren obras urgentes de estabilización para evitar un posible colapso que amenaza a la comunidad. También es indispensable construir andenes, con las especificaciones técnicas correspondientes, que garanticen el tránsito seguro de los peatones. ¡La orden está clara y el riesgo permanece: hasta hoy, no se ha hecho absolutamente nada!
- Villa Rosa: Aunque han transcurrido doce años desde que un fallo judicial, derivado de una acción popular, ordenó la reubicación de 160 familias que habitan esta reconocida urbanización, la situación continúa sin una solución definitiva. Las viviendas, deterioradas por una falla geológica que atraviesa la Comuna Norte, presentan condiciones que mantienen a estos hogares expuestos a un riesgo permanente. La falta de terrenos disponibles para adelantar la reubicación ha dificultado el cumplimiento de la sentencia. Ante esta situación, los damnificados se niegan a aceptar los subsidios de vivienda ofrecidos, pues consideran que estos no representan una alternativa viable que garantice su traslado a un lugar seguro.
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- La Malaña: Los residentes de este sector, situado en el oriente de Bucaramanga, llevan más de seis años en la búsqueda de acceso al agua potable. Ellos, mediante una acción de tutela que ganaron, vienen reclamando el reconocimiento del mínimo vital de agua para los habitantes de este corregimiento. Tal acción legal, al menos en el papel, permitió reducir parcialmente la dificultad, aunque la solución todavía está lejos de ser completa. Actualmente, las 90 familias que viven en este sector de la meseta continúan sin contar con llaves de agua dentro de sus viviendas. Por eso, deben acudir a las pilas comunitarias para llenar canecas y compartir entre todos el poco líquido que logra llegar.
- San Bernardo: En la calle 104B con carrera 41A, la comunidad tuvo que recurrir a una acción popular para exigir a las entidades responsables del servicio público la adecuación de las cajas de conexión. El deterioro de estas estructuras no es un asunto menor: su precario estado se ha convertido en un peligro constante para quienes transitan por la zona, incluidos niños y adultos mayores, algunos de los cuales ya han sufrido accidentes. Aunque la justicia falló a favor de los vecinos y ordenó realizar las reparaciones, han pasado siete meses y las obras siguen sin comenzar. Mientras las entidades responsables guardan silencio y las promesas se acumulan, el riesgo permanece en plena vía pública.
- La Concordia: En el sector comprendido entre las calles 50 y 51 y las carreras 16 y 19, los vecinos llevan cuatro años esperando una solución a una problemática que afecta la movilidad y el espacio público. Ante la ocupación permanente de las vías por talleres de mecánica, dedicados al arreglo de motocicletas, la comunidad decidió presentar una acción popular para exigir la recuperación de las calles y garantizar el libre tránsito de peatones y vehículos. Pese al tiempo transcurrido, no hay solución. Los talleres continúan extendiendo sus actividades sobre las vías, mientras los habitantes siguen enfrentando obstáculos, congestión y dificultades para movilizarse por el sector.
