La entidad pidió esperar a que existan elementos técnicos y jurídicos suficientes antes de decretar medidas cautelares sobre la protección de la zona, cuya vigencia actual se extiende hasta marzo de 2027.
La procuradora delegada para Asuntos Ambientales, minero energéticos y Agrarios, Adriana Patricia Salcedo Hernández, le pidió al Tribunal Administrativo de Santander que no decrete medidas cautelares relacionadas con la continuidad de la reserva temporal en Santurbán hasta que se cuente con elementos suficientes para determinar su viabilidad jurídica y técnica.
Cabe recordar que el pasado 30 de septiembre, el Ministerio de Ambiente revocó la prórroga de la reserva temporal en la zona de Soto Norte, que extendía hasta 2029 la vigencia de la protección en municipios de la provincia ubicados por fuera del páramo de Santurbán.
Es decir, que más de 75.000 hectáreas por fuera del páramo de Santurbán tendrán restricciones para las actividades mineras solamente hasta marzo de 2027.
Según la procuradora delegada para Asuntos Ambientales, minero energéticos y Agrarios, dicha revocatoria no corrobora la existencia de un daño ambiental inminente en el páramo.
En este sentido, en un documento presentado ante el Tribunal Administrativo de Santander, le pide a este órgano que no acoja la medida cautelar autónoma que busca imponer al Ministerio de Ambiente un plazo perentorio para definir la continuidad de la protección preventiva de la zona.
El análisis de la procuradora delegada recuerda que la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo advirtieron, desde hace más de dos años, deficiencias en el procedimiento de participación asociado con la expedición de la Resolución 0221 de 2025, que fijó la protección de esta zona hasta el 4 de marzo de 2027.
Entre ellas, se mencionan dificultades en la convocatoria y socialización, barreras para presentar observaciones e inconsistencias en las respuestas a los comentarios recibidos.
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En este sentido, Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y líder comunitaria, aseguró que desde la comunidad venían manifestando irregularidades en el proceso. “Advertimos falta de garantías para las comunidades afectadas por una decisión que se tomó sin escuchar suficientemente a la gente ni atender las observaciones de los organismos de control”.
La procuradora delegada también cuestiona que se imponga un plazo obligatorio sin verificar previamente si el Ministerio puede culminar legal y materialmente la actuación administrativa antes del 4 de marzo de 2027.
Para ello, señala que deben establecerse las etapas pendientes, los estudios requeridos, las obligaciones de participación ciudadana y los eventuales obstáculos procedimentales. Una orden cuyo cumplimiento dependa de actuaciones que no puedan culminarse dentro del plazo fijado podría comprometer su eficacia y generar nuevas dificultades para la Administración.
Según el organismo, este análisis no implica abandonar la protección del ecosistema ni desconocer su relevancia, sino que busca que cualquier medida parta del contexto normativo y cuente con soporte técnico.
