Sindicatos, estudiantes y trabajadores de la rama judicial marcharon el jueves 19 de noviembre por las calles de Bucaramanga, desde la Puerta del Sol y la UIS hasta la plaza cívica Luis Carlos Galán, para rechazar la Ley de Rescate Económico.

Publicado por: Danilo Cárdenas
Bucaramanga fue escenario el jueves 19 de noviembre de una nueva jornada de protestas contra el Gobierno Nacional. Sindicatos, estudiantes, trabajadores judiciales y ciudadanos inconformes marcharon para rechazar la Ley de Rescate Económico, los recortes al presupuesto de la justicia y otras medidas del Ejecutivo.
La movilización salió de dos puntos: la Puerta del Sol, donde se concentraron sindicatos y organizaciones sociales, y la UIS, de donde partieron los estudiantes.
Enfrentamientos al inicio de la marcha
En la Puerta del Sol, el inicio de la jornada estuvo marcado por enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Vanguardia presenció el momento: el cartel que encabezaba la movilización no tenía mensajes amenazantes, pero estaba extendido de un lado a otro de la vía y bloqueaba el tráfico. Uniformados intentaron retirarlo por la fuerza, mientras líderes sindicales y gestores sociales todavía negociaban el paso de la marcha por un carril de la carrera 27. El forcejeo terminó en altercados.
La Alcaldía de Bucaramanga informó que, ante lo que calificó como bloqueos ilegales en la carrera 27 con calle 56, autorizó el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y el Esmad.
Según la administración municipal, la intervención se hizo después de agotar las etapas de diálogo previstas en el Decreto 1525 de 2026, con el fin de recuperar el orden y garantizar la libre locomoción.
Después del incidente, la marcha avanzó con normalidad y no se registraron capturas. Los dos grupos se encontraron en la carrera 27 con calle 36 y bajaron por esa vía hasta la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Jóvenes que participaron en la movilización denunciaron que los gestores sociales no los acompañaron durante los cierres viales.
La Ley de Rescate Económico, que los manifestantes llaman ley de ajuste fiscal, fue el eje de la jornada. La cuestionan porque, a su juicio, reduce los ingresos de los hogares. A ese rechazo sumaron quejas por el encarecimiento de los alimentos y la falta de subsidios.
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El proyecto fue radicado en la Cámara de Representantes el 29 de octubre como Proyecto de Ley 477 de 2026. Combina medidas tributarias con recortes al gasto del Estado y con él se espera recaudar más de 40 billones de pesos para estabilizar las finanzas públicas. Días antes de la marcha, el Ejecutivo anunció que retiraría la propuesta de cobrar IVA a productos de la canasta familiar, pero los convocantes mantuvieron el paro. Las comisiones económicas del Congreso tienen previsto debatirlo en la última semana de noviembre y las sesiones ordinarias terminan el 16 de diciembre.
En las calles de Bucaramanga también hubo arengas en defensa de lo público. Los manifestantes rechazaron la posible venta de activos del Estado, como Ecopetrol e ISA, y la privatización de servicios públicos. Las organizaciones estudiantiles exigieron más inversión en educación, y varios sectores se pronunciaron contra el fracking y el desmonte de esquemas de protección ambiental, como los del páramo de Santurbán.
La justicia también marchó
Servidores de la rama judicial, la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal se sumaron a la movilización para protestar por los recortes al presupuesto de la justicia.
Una vocera sindical del sector en Santander, que pidió reservar su nombre por seguridad, aseguró que en 2026 ya se ha recortado cerca de 1 billón de pesos a la rama judicial, la Fiscalía y Medicina Legal, y que para el próximo año el faltante sería de unos 6 billones.
Esa cifra coincide con la alerta que lanzaron en septiembre el Consejo Superior de la Judicatura y el sindicato Asonal Judicial. Según esas dos entidades, el proyecto de presupuesto de 2027 le asigna al sector justicia 11,4 billones de pesos y deja un faltante de 6,1 billones frente a lo que necesita para funcionar.
La vocera insistió en que el reclamo no es solo de los trabajadores. “El presupuesto de la rama judicial es el presupuesto que garantiza la justicia a los ciudadanos. Esta solicitud no es para los servidores, es para poder brindar un servicio de administración de justicia cumplido, eficaz, en unos tiempos céleres”, señaló.
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Y lo resumió así: “La gente necesita que sus solicitudes se resuelvan, pero no en 20 o 30 años, que se resuelvan pronto”.
















