En tiempo récord, la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la judicialización de siete miembros del Ejército involucrados en la violación o abuso de la menor de 12 años, pero ahora es blanco de críticas por la tipificación del delito.
Publicado por: Ángela Castro Ariza
La controversia en torno a la acusación de siete soldados por la violación de una menor indígena en el departamento de Risaralda está servida.
Los cuestionamientos se centran en la tipificación del delito como acceso carnal abusivo, y no acceso carnal violento con menor de 14 años, lo que supone una menor gravedad de los hechos, lo cual se traduciría en una menor condena.
Aunque la Fiscalía General de la Nación ha defendido su postura frente al caso, no descarta imputar nuevos cargos contra los militares con el acopio de más evidencias. Tampoco ha cerrado la investigación por la violación de la niña de 12 años por parte de los siete militares.
Vanguardia consultó expertos penalistas para explicar los alcances y lo que significa esta polémica imputación.
El abogado penalista Iván Cancino señala que el acceso carnal abusivo implica que no hay violencia, pero según él no es cierto que haya consentimiento.
En ese sentido, considera que “la Fiscalía es la que conoce el acervo de elementos para imputar un delito”.
Si decidieron imputar ese delito de abuso y no de acceso violento “es porque tenían mayores posibilidades de lograr un resultado adecuado, eficaz y rápido”, asegura Cancino.
Por su parte, el abogado penalista Francisco Bernate tiene una opinión distinta y en su criterio la Fiscalía General se equivocó en la tipificación del delito.
En ese sentido, precisa que “en el caso de abuso sexual una menor de edad o un incapaz consciente en tener relaciones con una tercera persona, lo que sucede es que la legislación le niega toda validez a ese consentimiento; por el contrario en la violación hay una relación sexual que se logra a través de la violencia física, síquica o situacional”.
A la luz de los hechos y el contexto de intimidación de la menor de 12 años, y que ese contexto le impide dar su consentimiento a esa relación sexual, el experto penalista estima que debió aplicarse el delito de violación.
Si bien Bernate celebra que la Fiscalía haya esclarecido el caso de una manera expedita y que los acusados se declararan culpables ante la justicia, considera que el mensaje es muy diferente.
En su opinión, lo que queda claro “en este caso es que se está revictimizando a una menor de edad”.
