El panorama es escalofriante: solo en 2022, 614 mujeres fueron asesinadas en casos de feminicidio en Colombia.
Publicado por: Colprensa
Otras 47.771 mujeres sufrieron violencia intrafamiliar, lo que significa que en promedio cada hora hubo 3 víctimas en el país y 128 al día. Por otro lado, Medicina Legal reveló que cerca de 11.441 niños sufrieron de violencia en el primer semestre del 2023.
Esta realidad tiene, además, una característica terrible: tiene efecto expansivo, como el de una granada, porque además de dejar una cruel estela de víctimas, la gruesa cantidad de hechos violentos termina por impactar el sistema jurídico nacional y lo pone a tambalearse y al borde del infarto por colapso.
Según la Corporación Excelencia en la Justicia, al menos el 20 % de los casos que llegan a manos de los jueces se rezaga, mientras entre el 39 % y el 59 % de los casos que llevan los magistrados de las altas cortes son procesos viejos que no han tenido respuesta, dejando a los afectados sin una resolución jurídica y generando impunidad que termina por ser una revictimización más.
Pero el Estado colombiano tiene una suerte de as bajo la manga para enfrentar esta situación y proteger a las víctimas. Se trata de las Comisarías de Familia, entidades que se presentan como una alternativa eficaz y oportuna para la atención y solución de los problemas familiares y comunitarios y que tienen como función principal prevenir, proteger y garantizar los derechos de los miembros de la familia, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad.
En virtud de la Ley 2126 del 2021, las Comisarías de Familia en Colombia desempeñan un papel fundamental en el aparato nacional de justicia al prestar servicios con parámetros y principios que aseguran la protección y garantía de los derechos de aquellos en situación de riesgo o víctimas de violencia en el contexto familiar. Estas instituciones tienen el deber de actuar de manera inmediata, basándose en los estándares constitucionales e internacionales que promueven una protección efectiva de los derechos humanos de las personas usuarias de sus servicios.
Todas ofrecen servicios gratuitos de orientación, mediación, conciliación, restablecimiento de derechos, medidas de protección, sanciones administrativas y remisión a otras instituciones competentes. Estos servicios permiten abordar y resolver conflictos relacionados con el maltrato intrafamiliar, la violencia de género, el abuso sexual, la inasistencia alimentaria, la custodia y el régimen de visitas de los hijos, entre otros.
“Uno de los objetivos de las Comisarías de Familia en Colombia es facilitar procesos y no revictimizar a las personas que sufren violencia dentro de su hogar. En muchos casos, las personas que sufren violencia doméstica también requieren resolver cuestiones como la fijación de alimentos, la reglamentación de visitas y la determinación provisional de la custodia de los hijos. Eso las obliga a ir a distintos despachos en donde deben volver a narrar sus vivencias traumáticas. Sin embargo, las Comisarías de Familia tienen la autoridad para abordar estas situaciones y tomar decisiones provisionales al respecto. El proceso implica escuchar los descargos de las partes involucradas. Luego, durante una audiencia de fallo, se dicta una resolución a través de un acto administrativo. Esta resolución puede incluir disposiciones provisionales sobre aspectos como los alimentos, el régimen de visitas y la custodia de manera temporal, hasta que se resuelva de manera definitiva en el proceso correspondiente”, explica Luis Fernando Lozano Pretelt, comisario de familia de Montería.
Una de las herramientas más útiles y efectivas con las que fueron dotadas las comisarías con su actualización de funciones en 2021 con la Ley 2126 es la de la agilidad administrativa, que le permite emitir medidas y dictar órdenes en tiempos cortos, algo que busca, sobre todo, proteger a los violentados.
Le interesa: Ya va el cuarto uniformado muerto en 24 horas tras el carrobomba a la Policía en Cauca
“Antes de 2021, cualquiera que fuera víctima de violencia intrafamiliar y quisiera denunciar tenía que ir a la Fiscalía, esperar a que se dictara la medida de protección, en muchas oportunidades no hay captura en flagrancia así que la víctima debe convivir con su agresor bajo el mismo techo, mientras que las comisarías poseen una agilidad administrativa que posibilita que los procesos sean expeditos y dinámico. Cuando alguien pide una medida, es obligación del comisario brindar protección en las cuatro horas siguientes brindar protección y citar a audiencia de descargos y fallos dentro de diez días después de hecha la solicitud y en ella determinar si esas medidas quedan de forma provisional o de forma definitiva”, señala Lozano Pretelt.
Es imposible negar que se han presentado casos en los que la demora en una decisión judicial ha significado que las víctimas deban afrontar un trauma adicional, por lo que la opción que ofrecen estos organismos de brindar medidas de protección inmediatas contribuyen, de acuerdo con la experiencia del comisario Lozano, a que se reduzcan las posibilidades de revictimización. En el primer semestre del 2023, solamente en Montería dictaron 1500 medidas de protección, de las cuales en 125 se pudo demostrar que la persona que recibió la medida estaba en riesgo extremo de violencia y que su vida corría peligro.
El actual Gobierno nacional ha reconocido que es necesario disponer de más recursos para estas entidades con el fin de fortalecer la justicia. Néstor Osuna, ministro de Justicia, aseguró que para el presupuesto de 2024 pedirá a la administración central una destinación más robusta para fortalecer este ítem y llamó a los alcaldes para que prioricen el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios, la protección de los derechos laborales y la salud mental de los profesionales del derecho que trabajan en las comisarías, y a los entes regionales para que garanticen su solvencia financiera.
Esto porque los artículos 22 a 24 de la Ley 2126 autorizan a las asambleas departamentales y los concejos municipales para implementar la Estampilla para la Justicia Familiar, una herramienta creada que el Ministerio, con el apoyo de Usaid, esta impulsando para recaudar recursos para mejorar la infraestructura, ampliar personal de nómina y fortalecer los servicios de cerca de 1.500 comisarías de familia del país.
Lea también: Sangrienta riña: mujer mató a hombre de tres cuchilladas
Según el Ministerio de Hacienda, esta autorización para gravar el 2 % de algunos contratos que celebren las entidades territoriales y destinar ese dinero a las comisarías no es obligatoria, sino opcional. En otras palabras, su implementación y recaudación dependen de la voluntad de las entidades administrativas locales, lo que se ha señalado como un talón de Aquiles de la medida, aunque funcionarios como el comisario Lozano celebra que haya diferentes mecanismos de apoyo.
El bajo presupuesto no es un tema menor, ya que la ley dispone que debe haber una de estas entidades en cada municipio y una adicional por cada 100.000 habitantes, cifra que, desde luego, no se alcanza en Colombia. Además, muchas de ellas tienen equipos de trabajo y herramientas insuficientes para atender la demanda de los ciudadanos. La Procuraduría hizo seguimiento de las labores y condiciones de 668 Comisarías de Familia del país, concluyendo que solo el 52 % tienen su equipo de trabajo completo, que se compone de abogados, sicólogos, trabajadores sociales, entre otros. En muchas oportunidades deben recurrir a las instituciones de educación superior para pedir apoyo de estudiantes de últimos semestres.
La falta de plata también afecta las capacidades en la prevención de delitos de género y violencia intrafamiliar, un rol que se les asignó en 2021. El comisario Pretelt cuenta cómo ellos incentivan la realización de charlas de sensibilización familiar como una forma de educación en violencia intrafamiliar y sexual. Para esto, han contado con el apoyo de autoridades locales y de Usaid, este último aportando apoyo institucional como capacitaciones a funcionarios, apoyo a convocatorias, gestión de espacios físicos para las actividades, entre otros.
