Estados Unidos se refirió a la mención que el Gobierno hizo sobre los escándalos de corrupción en los cuales está involucrado el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro. Afirmó que no han contemplado investigación.
Luego de que la Cancillería de Colombia elevara ante el Gobierno de Estados unidos una nota diplomática de protesta por las menciones que se hizo en informe de Derechos Humanos, en el capítulo de Corrupción, al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, el Consejo de Estado salió al paso y confirmó que no se ha contemplado abrir investigación alguna.
“No creo que deba haber ninguna confusión sobre mis comentarios. De lo que estamos hablando aquí es que en el Informe de Derechos Humanos 2023, en la sección de Colombia, hay referencias a una investigación abierta por la Fiscalía General de Colombia. Es un hecho público que la Fiscalía ha abierto esta investigación. El Departamento de Estado no lo anunció. El Informe de Derechos Humanos no lo anunció. Es un asunto de dominio público”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel.
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Sus declaraciones se dieron luego de que la Cancillería rechazara las declaraciones del funcionario, quien había hecho mención a ese informe en el cual figuraba el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, quien es procesado por presuntos hechos de corrupción.
“El Gobierno de Colombia ha emitido una nota diplomática de protesta al Gobierno de Estados Unidos por las declaraciones de Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado, sobre el informe de Prácticas de Derechos Humanos en 2023 y su sección sobre Colombia”, afirmó la Cancillería.
Tras las aclaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, el canciller (e), Luis Gilberto Murillo, se refirió a este caso. “Manifesté mi inconformidad a la Casa Blanca antes de las declaraciones. En términos de la política exterior, aunque respetamos y tomamos con mucha seriedad los informes, no los compartimos. Pero los asumimos con mucha seriedad”.
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“Se habló de que se han abierto investigaciones a 39 congresistas de Colombia. Siempre hemos dicho que no mencionen esos nombres porque afecta el nombre y el debido proceso. Cuando singularizan dos nombres Nicolás Petro y Juan Fernando Petro, afecta eso mismo también. Nosotros no hemos tenido ningún pronunciamiento sobre las investigaciones del hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden”, puntualizó Murillo.
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Las menciones a Nicolás Petro
El nombre del exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, es uno de los protagonistas en el informe sobre prácticas de Derechos Humanos de varios países, especialmente en el capítulo sobre la corrupción en los gobiernos, entregado por Estados Unidos.
El documento presentado por el Secretario de Estado, Antony Blinken, sostuvo: “La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro. La corrupción administrativa en los puertos facilitó el tránsito de drogas ilícitas. Los periodistas que informaban sobre corrupción se enfrentaban periódicamente a amenazas”.
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El informe hace referencia a las declaraciones que el mismo Nicolás Petro dio ante la Fiscalía en agosto del año pasado, cuando aceptó que recibió altas sumas de dinero de parte de dos exnarcotraficantes, las cuales habrían alcanzado a entrar a la campaña presidencial de su padre sin que se reportara ante el Consejo Nacional Electoral.
En medio del documento también se hizo referencia a los hechos de corrupción que se habrían dado durante el Gobierno del expresidente Iván Duque, los cuales habrían estado relacionados con los fondos del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc.
“La ley establecía sanciones penales por corrupción de funcionarios y, en general, el gobierno implementó estas leyes de manera efectiva, aunque en ocasiones los funcionarios incurrieron en prácticas corruptas sin castigo. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, particularmente a nivel local y en relación con la implementación de los fondos del acuerdo de paz. Había corrupción dentro del sistema de justicia. Los ingresos procedentes de la delincuencia organizada transnacional, incluidos el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, exacerbaron la corrupción”, sostuvo el informe.
