El exsubdirector del Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla, se convierte en el principal testigo en contra de Olmedo López y del escándalo de la compra de carrotanques.
Tras pedir un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación en medio del proceso judicial en su contra por las irregularidades en la compra de carrotanques para suministrar agua potable en La Guajira, el exsubdirector del Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla, ‘prende el ventilador’ y salpica a funcionarios del Gobierno Petro, a un ministro y a dos senadores.
En conversación con El Reporte Coronell de W Radio, Sneyder Pinilla afirmó que, si el ente acusador avanza con el principio de oportunidad como su abogado Luis Gustavo Moreno lo pidió, se compromete a contar detalles del escándalo.
“Hay muchas personas involucradas en el proceso y me están haciendo ver como el malo. Yo soy solo una arista de este engranaje. No es justo que quieran enterrarlo a uno cuando los demás están campantes por ahí”, afirmó Pinilla al periodista Daniel Coronell.
En medio de la conversación, el exfuncionario, que salió de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, afirma que tiene información relevante sobre un funcionario muy cercano al presidente Gustavo Petro, un senador, un ministro, un representante a la Cámara y tres directivos de esa entidad quienes estarían involucrados en el escándalo de sobrecostos para la compra de los vehículos.
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“En la matriz de colaboración tengo cosas por decir. En el escándalo hay congresistas, ministros y altos funcionarios del Gobierno Nacional. No pueden echarle la culpa a una sola persona. Cuando me contrataron era porque sabían que yo podía poner a funcionar estas cosas. Todos todavía están en el ejercicio político”, afirmó Sneyder Pinilla.
El pedido en la Fiscalía
Al despacho de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, llegó una carta firmada por el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien es el apoderado de Sneyder Pinilla, el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, y exalcalde de Sanaba de Torres, de Santander.
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La misiva llegó justo cuando el ente acusador, la Procuraduría y la Contraloría investigan a Pinilla y al exdirector de la entidad, Olmedo López, por la compra irregular de más de 40 carrotanques para suministrar agua potable a La Guajira, la cual se dio a una empresa experta en cárnicos fríos que no tiene experiencia en este sector.
El documento, firmado por el condenado exfiscal Luis Gustavo Moreno Rivera, pide a la Fiscalía avanzar en un principio de oportunidad a favor de Sneyder Pinilla, con el cual el exfuncionario del Gobierno Nacional se compromete a contar detalles del escándalo de corrupción que lo llevó tanto a él como a Olmedo López a renunciar a sus cargos.
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“Solicito de manera urgente y respetuosa una reunión para establecer canales de comunicación que le permitan a Sneyder Pinilla contarle al país, a la justicia y en especial al departamento de La Guajira, lo que realmente sucedió y quienes participaron”, afirmó el abogado apoderado del exalcalde de Sabana de Torres, Santander.
El pedido al ente acusador toma relevancia toda vez que Pinilla se compromete a ‘prender el ventilador’ mientras se abre la puerta para un principio de oportunidad en medio de los procesos judiciales en los cuales avanzan los dos exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Escándalo en Gestión del Riesgo
Tal y como estaba previsto, Olmedo López presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo de director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en medio de fuertes cuestionamientos por la millonaria compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira.
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Su renuncia se dio luego de que el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, anunciara que demandará ante la Fiscalía y la Procuraduría a López, por las presuntas irregularidades en la compra de los vehículos que habría tenido sobrecostos además de direccionamiento al oferente.
“He tomado la decisión de presentar renuncia irrevocable a mi cargo, para que los cuestionamientos que hoy enfrento no enloden las banderas anticorrupción que este proyecto político empuña”, afirmó Olmedo López en su carta, días después de afirmar en otro comunicado que el Gobierno Nacional respaldaba su desempeño en la entidad que recibió críticas por la forma en como se atendió el Fenómeno de El Niño.
Las irregularidades empezaron a hallarse cuando medios de comunicación confirmaron que los carrotanque estuvieron parados en La Guajira, después de cuatro meses de haberse hecho la compra a tres empresas que, coincidencialmente, estaban ligadas entre sí.
La compra de los carrotanques tuvo un valor superior a los $46.000.000 y se dio en octubre del año pasado cuando el Gobierno Nacional decidió empezar mediante decretos a solucionar la crisis social en el departamento de La Guajira.
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Según una investigación periodística del diario El Tiempo, el proceso licitatorio se dio de forma exprés en tan solo ocho horas, en las cuales tres empresas, ligadas entre sí, se pudieron quedar con la millonaria compra de los vehículos.
“De conformidad con la base de datos de registro de proveedores de la Subdirección de Manejo de Desastres, se realizó la selección de tres cotizantes para el contrato (...)”, dice el oficio con el cual se dio vía libre a la compra, el jueves 12 de octubre de 2023, a las 8:00 de la mañana.
Los ungidos para el contrato fueron elegidos de forma aleatoria, proceso en el cual participó el mismo exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López. Media hora después de abierto el proceso de selección los ganadores fueron Luket SAS, Brand SAS e Impoamericana Roger SAS.
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Las empresas ganadores no tendrían la experiencia en la venta y compra de carrotanques necesitados para el suministro de agua en La Guajira, toda vez que se dedican al comercio de productos de ferretería, abarrotes y carne de animal muerto apta para el consumo.
Las irregularidades no solo habrían estado con el direccionamiento del contrato, sino que habría tenido sobrecostos de hasta $22 mil millones que investigarán la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, tras la denuncia radicada por la Secretaría de Transparencia de Palacio de Gobierno.
