Tal y como lo había solicitado el mismo presidente Gustavo Petro, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pidió al Consejo Nacional Electoral la investigación en contra de la campaña por presunta financiación ilegal.
Los representantes a la Cámara, Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico), Alirio Uribe (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de la ‘U’), quienes tienen en sus manos la investigación por presunta financiación a la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la Comisión de Acusaciones, pidieron al Consejo Nacional Electoral remitir el proceso en contra de la contienda del hoy jefe de Estado.
Esta misma semana el presidente Gustavo Petro, a través de su abogado Héctor Carvajal, pidió al órgano electoral remitir el expediente a la comisión investigadora, toda vez que considera el CNE no es autoridad para investigar la investidura de un jefe de Estado.
“Aunque ese órgano es competente para investigar a los partidos, a los gerentes y candidatos, la competencia exclusiva para investigar al Presidente la tiene el Congreso de la República por ser su juez natural al amparo del fuero constitucional”, dice el documento enviado por los congresistas investigadores.
Topes volados
Los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada presentaron la ponencia con la cual buscan que la sala plena del Consejo Nacional Electoral formule cargos a la campaña presidencial de Gustavo Petro, argumentando que se ‘volaron’ los topes permitidos además que no se habría reportado los gastos de más de $5.000 millones.
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“Resolución por medio de la cual se abre investigación se formulan cargos contra los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, en calidad de candidato presidencial; Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente de campaña; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores; el Movimiento Político Colombia Humana y el Partido Político Unión Patriótica; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales de primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico”, dice la ponencia de los magistrados que han sido cercanos al Partido Liberal y al Centro Democrático.
En el documento, que pondrán a consideración de todos los magistrados, se dallaron los aportes que recibió la campaña y que no fueron reportados como lo deben hacer las contiendas ante el mismo Consejo Nacional Electoral, que regula los topes económicos de las agrupaciones políticas.
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El consolidado preliminar del informe señala que el Pacto Histórico, coalición de izquierda que apoyó a Gustavo Petro en la contienda política, omitió reportar gastos superiores a los $3.861.201.833 tanto en primera como en segunda vuelta.
El informe detalla la manera en que ingresaron los dineros sin reportar: Fecode aportó $500 millones los cuales no se reportaron. El Polo Democrático ‘inyectó’ otros $500 millones, la Unión Sindical Obrera, USO, $121.544.000, se omitieron los pagos de aviación por 1.249.793.230.
Además, el Consejo Nacional Electoral considera que no se reportó el pago desde la campaña al Senado 2022 del Pacto Histórico por $202.471.731.
Pero las inconsistencias que consideran hubo los magistrados también están relacionadas con una factura electrónica de propaganda electrónica por $356.102.872 y la omisión de pagos a testigos electorales por $931.290.000.
