Los grupos armados que disputan la zona, han incursionado en sectores de pobreza extrema y exclusión social para demostrar poder, capacidad de acción y control.
Publicado por: K.M.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante la grave situación de seguridad que enfrentan los habitantes de los municipios de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva en el departamento de Casanare, debido a la disputa territorial entre el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las extintas Farc.
Según la Defensoría, el Clan del Golfo ha ejecutado un plan de expansión que le ha permitido cierto control sobre las rutas de narcotráfico. En respuesta, las demás organizaciones han optado por realizar demostraciones de fuerza y poder frente a la población local.
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En este contexto, estos grupos armados han incursionado en sectores de pobreza extrema y exclusión social “para demostrar poder, capacidad de acción y control, lo cual ha generado temor, intimidación y sometimiento”, resaltó la entidad. Además, estos grupos han reclutado a jóvenes de sectores vulnerables bajo el engaño de ofrecerles oportunidades que el Estado y la sociedad no les han brindado.
La Defensoría del Pueblo explicó que las comunidades rurales de estos municipios están en riesgo de desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, utilización y abuso de niñas, niños y adolescentes, así como violencia sexual, secuestros, homicidios selectivos y múltiples, desaparición forzada, hostigamientos y ataques armados con efectos indiscriminados, destrucción de bienes civiles y atentados con artefactos explosivos.
Felicitaciones al @GaulaMilitares Casanare y a la #Brigada16 por la recuperaron de dos menores de edad víctimas de reclutamiento forzado por parte del ELN. La contundencia operacional contra la extorsión en Casanare y Boyacá permitió traer de regreso a estos niños, así como la… pic.twitter.com/9DoJpsefQw
— César Ortíz Zorro (@CesarOrtiZorro) June 27, 2024
Para mitigar estos riesgos, la Defensoría emitió 28 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales, departamentales y locales, con el fin de que se protejan a las comunidades en riesgo.
Entre las recomendaciones se incluye la implementación de puestos de control por parte de la Policía en los corregimientos con posibles pasos de grupos armados ilegales y en las salidas de los municipios hacia las zonas de la sabana del Casanare.
Al Ejército se le sugirió reforzar los controles en las zonas rurales del piedemonte para neutralizar el accionar e intimidación ejercida por el Eln y las disidencias sobre la población.
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La Defensoría también hizo recomendaciones a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio Público, a la Gobernación de Casanare y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros, para garantizar la atención y protección de todas las comunidades en riesgo.
Con información de Colprensa.
