Funcionarios del Gobierno Petro serán investigados por escándalo de corrupción en la UNGRD.
Publicado por: M.P.
En una decisión que marca un nuevo capítulo en el mayor escándalo de corrupción que ha enfrentado el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar a 11 funcionarios y exfuncionarios por su presunta participación en los hechos irregulares ocurridos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Sala de Instrucción compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, señalando posibles responsabilidades penales en el manejo de recursos públicos, especialmente aquellos vinculados con la contratación de carrotanques y el desvío de dineros a líderes del Congreso.
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Exministros y actuales funcionarios en la mira judicial
Entre los nuevos implicados figuran exministros como Mauricio Lizcano, Gloria Inés Ramírez, Diego Guevara, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. A la lista se suma Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, cuyo nombre también aparece mencionado en los documentos remitidos a la Fiscalía.
Otros señalados son Kevin Fernando Henao Martínez, quien se desempeñó como director de asuntos legislativos del Ministerio del Interior, y Alba Nury Martínez Barrera, asesora y secretaria privada del entonces ministro de Hacienda.
Testimonios y contratos bajo sospecha
Uno de los casos que ha captado la atención de los investigadores es el del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, quien habría dado instrucciones directas a Sandra Ortiz y Olmedo López para beneficiar a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.
La Fiscalía también indaga sobre presuntas irregularidades en contratos por más de 90.000 millones de pesos, en los que estaría implicado Jaime Ramírez Cobo, exasesor de la Jefatura de Despacho de la Presidencia, cercano a la embajadora Laura Sarabia.
El expediente continúa creciendo y ha puesto bajo presión al Ejecutivo, ya que las líneas de investigación también salpican a otros entes como el Instituto Nacional de Vías (Invías), donde se habrían replicado esquemas similares de corrupción. La Fiscalía deberá determinar si existió una red sistemática para favorecer intereses políticos a través del manejo indebido de recursos públicos.
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