Análisis de la descertificación, qué viene para Colombia

La descertificación, una herramienta que Estados Unidos utiliza desde 1986 para presionar a los países productores de drogas, va más allá de un simple regaño diplomático.

Publicado por:Jaime Moreno

La descertificación de Estados Unidos a Colombia por haber “incumplido manifiestamente”en sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico causó en la noche del lunes una división de opiniones entre expresidentes y políticos del país sobre los motivos y las consecuencias de la medida.

Esto es un recordatorio de que, a pesar de las visiones locales, la guerra contra las drogas es un problema global que requiere la cooperación entre países. Mientras que Colombia ha hecho esfuerzos significativos en la aplicación de la ley, el aumento de los cultivos de coca ha sido una preocupación constante para Washington.

La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos ha sido históricamente una de las más estrechas en la región, cimentada en la colaboración para combatir el narcotráfico. Sin embargo, esa sintonía se ha ido desvaneciendo.

Con la llegada de Gustavo Petro al poder, la política de drogas dio un giro radical: se suspendió la erradicación aérea de cultivos ilícitos y se le dio prioridad a la erradicación voluntaria y al desarrollo alternativo, una visión que choca directamente con la postura de “mano dura” que promueve Donald Trump.

Las cifras, a pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano, no son alentadoras. Según informes de Naciones Unidas, el potencial de producción de cocaína en Colombia aumentó drásticamente en los últimos años, un dato que EE. UU. no pasa por alto.

El director del equipo de Análisis de riesgos globales de Control Risks, Theodore Kahn, lo resumió de manera contundente: si bien los niveles de cultivos siempre han sido un factor, la descertificación tiene un claro trasfondo político. “La situación en cuanto a la relación bilateral es otra y creo que es por eso que estamos hablando de la descertificación”, afirmó Kahn en una entrevista con Caracol Radio.

El distanciamiento diplomático se ha agudizado con una serie de incidentes, como el reciente despliegue de buques estadounidenses en el Caribe, que para algunos funcionarios colombianos representa una afrenta a la soberanía de los países de la región.

Las críticas abiertas de Petro a la política de Trump, especialmente en temas de migración, han contribuido a un clima de desconfianza mutua.

Para Jaime Wilches, analista político del Politécnico Grancolombiano, el tema de los procesos de certificación en la lucha contra las drogas de Estados Unidos, que datan de 1961 y en el cual ya habíamos tenido una crisis entre 1994 y 1998 con el gobierno de Ernesto Samper Pizano, propone dos escenarios preocupantes: El primero, “que los países más afectados con el cultivo y producción de drogas ilícitas no han podido generar mecanismos de financiación independientes y sostenibles para evitar la dependencia con el gobierno de los Estados Unidos”.

Y el segundo escenario es preocupante: que “la certificación ha estado históricamente ligada más con criterios políticos e ideológicos que con criterios técnicos”.

En realidad, Colombia siempre ha estado muy atenta a presentar las cifras en la lucha contra este flagelo y los diferentes proyectos en los que se usa el dinero que suministra Estados Unidos para atacar esta lucha.

Para Wilches, “de manera desafortunada se impone el criterio ideológico y la pelea en otros frentes que es injusto que termine afectando a las personas que de manera directa trabajan desde los técnico y aplicado en estos temas”, afirmó el analista político.

Los panoramas de la decisión que tomó la Casa Blanca tiene varias implicaciones para Colombia. El efecto más inmediato de la descertificación es la suspensión de gran parte de la ayuda militar y económica que Estados Unidos destina a Colombia. Históricamente, esta cooperación ha sido fundamental para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, especialmente en la lucha contra grupos criminales como el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc.

Para María Alejandra Santos, directora de la Facultad de Ciencias políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, las relaciones bilaterales “le otorgan al país 450 millones de dólares anuales y este dinero es prácticamente para financiar horas de vuelo, en helicópteros, aviones, repuestos para las aeronaves, entrenamiento de los pilotos y toda la cooperación militar que sea necesaria, entonces con la descertificación toda esa ayuda económica y militar que recibe Colombia está en riesgo, implicando que Colombia pierda la capacidad institucional”.

Según la Cámara de Comercio Colombo-Americana, con la descertificación se tendría una reducción del 30 al 40 por ciento en los auxilios de cooperación, es decir, aproximadamente entre 135 y 181 millones de dólares anuales, impactando principalmente proyectos sociales, de justicia y de seguridad ciudadana que viene manejando el Gobierno.

De acuerdo con María Alejandra Santos otra medida que podría tomar Trump en este escenario sería uno de mayor impacto político, como por ejemplo “quitar las visas a altos funcionarios del Gobierno de Petro o incluso también considerar lo que ya ha hecho con otros países, como la imposición de altos aranceles. El mayor efecto de la descertificación sería la presión que ejercería Estados Unidos para modificar las políticas de drogas”.

El fantasma de las restricciones financieras ya ha asustado a la clase dirigente en el pasado. La última vez que Colombia fue descertificada, en 1996, el país tuvo que enfrentar una suspensión de ayuda y restricciones crediticias que afectaron su crecimiento económico.

Hoy, con el panorama claro de la descertificación, esta medida podría tener consecuencias aún más graves para la estabilidad fiscal del país. La senadora Paola Holguín, por su parte, abogaba por una descertificación condicionada, argumentando que las instituciones no deben pagar por la postura de un solo gobierno.

“Nunca Colombia había estado tan cerca de la descertificación y éste es el resultado de lo que el país dejó de hacer en los últimos tres años”, señaló el exconsejero para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, al referirse al debilitamiento de programas de sustitución de cultivos.