La Justicia Penal Militar abrió indagación por el bombardeo en Guaviare donde murieron siete menores, mientras crecen críticas y controles sobre la operación militar.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Justicia Penal Militar abrió este lunes festivo una indagación formal por el bombardeo que ejecutaron las Fuerzas Armadas el pasado 10 de noviembre en Calamar, Guaviare, donde murieron 20 presuntos integrantes de las disidencias de “Iván Mordisco”, entre ellos siete menores reclutados forzosamente.
El caso, que ha generado una tormenta política y jurídica, pasa ahora a revisión de esta instancia especial encargada de investigar posibles faltas de miembros de la Fuerza Pública en el ejercicio de sus funciones.
Su anuncio se suma al de la Procuraduría, que también abrió una indagación disciplinaria por los mismos hechos.
“Se ha dispuesto la apertura de una indagación con ocasión de la operación militar y policial adelantada el 11 de noviembre de 2025 en el sector rural de Puerto Cubarro, municipio de Calamar, Guaviare, en la que fueron neutralizados integrantes del grupo armado organizado al mando de alias Iván Mordisco”, se lee en el comunicado de la Fiscalía General Penal Militar y Policial.
Además, el ente precisó que tras toda operación aérea suele abrir este tipo de casos preliminares.
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La operación fue ordenada por el presidente Gustavo Petro y, en principio, presentada como un golpe contundente contra las disidencias.
Sin embargo, todo cambió con la confirmación del Instituto Nacional de Medicina Legal, el sábado 15 de noviembre, de que siete de los muertos eran menores reclutados a la fuerza.
La reacción fue inmediata: políticos de oposición, organizaciones de derechos humanos y entes de control cuestionaron la operación y exigieron claridad sobre si se ajustó a las normas que rigen el uso legítimo de la fuerza en el conflicto armado.
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La Justicia Penal Militar afirmó que asumirá el caso con “máxima rigurosidad jurídica y técnica”, y que verificará si las acciones de los uniformados respetaron los principios que rigen las operaciones militares.
También aseguró respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
