Se empleó un avión y un helicóptero de la Policía para asistir a reuniones universitarias.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Contraloría General reveló un hallazgo fiscal que compromete a funcionarios del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, luego de confirmar que recursos aéreos oficiales fueron utilizados para actividades sin relación con la labor institucional.
Según el informe, los desplazamientos generaron un detrimento que supera los $213 millones, una cifra que ahora deberá esclarecerse en instancias disciplinarias.
Reuniones universitarias, no misiones oficiales
#PrimiciaW | La @CGR_Colombia determinó hallazgos fiscales por el uso aeronaves de la Policía por parte de Juliana Guerrero para ir a la Universidad del Cesar mientras trabajaba en @mininterior. Se gastó $213 millones en combustible en cinco vuelos sin tener una finalidad por sus… pic.twitter.com/24b4scP4G7
— W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 25, 2025
El organismo estableció que Juliana Guerrero, quien en ese momento era secretaria ejecutiva del despacho del ministro Armando Benedetti, gestionó y utilizó un avión y un helicóptero de la Policía Nacional para trasladarse entre Bogotá, Valledupar y Aguachica el 19 y 20 de junio de 2025.
Las aeronaves fueron grabadas bajo el Convenio 400-2025, firmado entre el Ministerio del Interior, la Policía y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, un acuerdo que limita estrictamente los vuelos a actividades misionales y labores asociados a seguridad o a orden público.
Sin embargo, la Contraloría concluyó que nada de eso aplicaba en este caso. Lea también: Juliana Guerrero habla tras la anulación de sus títulos: “esto es una decisión política, no académica”
De acuerdo con las verificaciones, el propósito real del viaje era permitir que Guerrero asistiera a una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), donde representaba al presidente Gustavo Petro.
La entidad indicó que esa labor, aunque formal dentro de la UPC, no hace parte de las funciones del Ministerio del Interior, por lo cual el uso de aeronaves oficiales resultó improcedente.
La polémica: viajes con acompañantes y fines políticos
La importancia de la libertad de prensa: gracias a Cambio el país conoce la verdad detrás de las hermanas Guerrero. Desde hace meses lo advirtieron y así inició uno de los escándalos más grandes del gobierno Petro. Lo peor es que Juliana sigue como delegada presidencial en la… https://t.co/0Jl4VKiMIW
— Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) November 25, 2025
El caso cobró mayor dimensión cuando la revista Cambio reveló que Verónica Guerrero, hermana de la funcionaria, también abordó las aeronaves, pese a no tener obligaciones con la UPC.
Publicidad
El reportaje documentó que el objetivo de la visita a Aguachica estaría relacionado con movimientos internos para ajustar los estatutos de la universidad, lo que favorecería la permanencia del rector Rober Romero o de un posible sucesor afín al grupo político de las hermanas.
Los registros muestran que ambos viajaron el 19 de junio en el avión PNC-0242 a Valledupar y, al día siguiente, tomaron el helicóptero Bell 212 PNC-0495 hacia Aguachica. Ese mismo día regresaron a Valledupar en la misma aeronave. Lea también: Presidencia despublicó hoja de vida de Juliana Guerrero tras escándalo de título falso
La Contraloría también advirtió que en los vuelos participaron personas sin vinculación institucional, incluidos asesores y allegados al entorno de las hermanas, lo que reforzó la conclusión de que no existió ninguna misión operativa que justificara dichos traslados.
Un detrimento millonario y posible falta disciplinaria
El gasto en combustible para las operaciones aéreas ascendió a $213.548.069, cifra que la Contraloría calificó como una afectación al patrimonio público derivada de una gestión “ineficaz, ineficiente y antieconómica”.
Para la entidad, permitir que una funcionaria utilizara un helicóptero Bell 212, recurso catalogado de alta sensibilidad operativa, para fines ajenos al convenio, constituye una violación directa del acuerdo interinstitucional.
Por ello, el organismo remitió el caso a la Procuraduría, que deberá evaluar si los hechos representan una falta disciplinaria tanto para Guerrero como para los funcionarios que aprobaron el desplazamiento.
