El presidente habría hecho graves acusaciones de corrupción sin tener pruebas válidas.
Publicado por: Redacción Nacional
El presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo lío judicial luego de que el Juzgado 24 Administrativo de Bogotá decidiera abrir un incidente de desacato en su contra. La razón de fondo es que, pese a una orden expresa del Tribunal de Cundinamarca para rectificar afirmaciones hechas contra el exgerente de Coosalud, Jaime González, el mandatario no cumplió en los tiempos fijados ni entregó los soportes exigidos.
Hace una semana, el Tribunal había emitido una tutela en la que obligaba al jefe de Estado a corregir públicamente unas declaraciones publicadas en su cuenta de X. En ellas, Petro acusó a directivos de Coosalud de haberse “robado 221.000 millones de pesos”. Según el fallo, esas afirmaciones carecían de sustento judicial, pues no existía —ni existe— condena o decisión de autoridad competente que vincule penalmente a González.
Pese a la claridad del pronunciamiento, el presidente no emitió la rectificación ni los documentos que debían demostrar que había acatado la orden. Por ese motivo, este miércoles el juzgado abrió formalmente el incidente de desacato, dándole a Petro un plazo de 48 horas para entregar los soportes de la retractación. Puede leer: Petro señala que en Coosalud EPS se han desviado $433.000 millones
En su decisión inicial, el Tribunal de Cundinamarca fue contundente. Afirmó que el presidente no presentó evidencias que respaldaran sus señalamientos y que tampoco demostró haber hecho verificaciones mínimas antes de divulgar información presentada como hechos ciertos y no como opiniones.
El pronunciamiento resalta que las denuncias del presidente se basaron en una auditoría y en declaraciones de la Superintendencia Nacional de Salud sobre el manejo de recursos en la EPS. Sin embargo, para los magistrados, ese material no constituye prueba suficiente para afirmar que hubo desvío de dineros o actos de corrupción atribuibles directamente a González.
La advertencia del Tribunal a Petro
El Tribunal también advirtió que, mientras no exista decisión judicial firme, el presidente debe abstenerse de hacer nuevas afirmaciones que puedan afectar la honra o el debido proceso del exgerente de Coosalud. Recordó, además, que por el impacto de sus mensajes como jefe de Estado, Petro está obligado a cumplir estándares más altos de veracidad e imparcialidad.
Según la decisión, la comunicación del presidente tiene repercusiones nacionales y, por tanto, no puede sustentarse en hipótesis o interpretaciones sin respaldo legal.
Con el incidente abierto, el mandatario deberá demostrar que acató la tutela o enfrentar las sanciones previstas por desacato. Si bien el proceso no implica de inmediato consecuencias penales, sí puede derivar en multas personales o en mayores presiones judiciales para que cumpla la orden.
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