El Ministerio de Justicia denunció presunto espionaje ilegal con el software Pegasus, desatando un nuevo escándalo político que sacude al gobierno Petro.

Una grave denuncia sacudió este martes 13 de enero de 2026 al gobierno del presidente Gustavo Petro. El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, reveló mediante un video publicado en su cuenta de la red social X que fue víctima de espionaje ilegal utilizando el software Pegasus, el mismo sistema de vigilancia que el mandatario colombiano ha denunciado en múltiples ocasiones.
Lo más delicado del caso es que, según el funcionario, las interceptaciones ocurrieron durante el 2025, en pleno gobierno de Petro, y la orden habría emanado del Ministerio de Defensa, cartera que desde febrero del año pasado está bajo el mando del general retirado Pedro Arnulfo Sánchez, tras la salida de Iván Velásquez.
Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia.
— Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) January 13, 2026
La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien… pic.twitter.com/KYuYc2swiO
Informe forense como evidencia de presunto espionaje al ministro Andrés Idárraga
“Me permito informar a la opinión pública que de nuevo Pegasus ha sido utilizado de manera ilegal, en este caso, para atacar al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, hoy ministro de Justicia encargado”, declaró Idárraga en el video que acompaña su denuncia pública. Además: Pegasus, el software espía de 11 millones de dólares que habría sido usado en Colombia
El alto funcionario, quien además ejerce como secretario de Transparencia de la Presidencia, aseguró que cuenta con un informe forense que confirma el uso ilegal del polémico software espía contra él y su familia. Según este documento técnico, entre agosto y noviembre de 2025 su teléfono celular fue infiltrado en más de 8.742 ocasiones.
Los datos revelados por Idárraga son alarmantes: en al menos 124 de esas infiltraciones, los responsables activaron ilegalmente tanto la cámara como el micrófono de su dispositivo móvil. Durante ese período, extrajeron aproximadamente 2,3 gigabytes de información privada, incluyendo denuncias de corrupción que el funcionario había recibido y los datos de sus fuentes confidenciales.

La motivación del espionaje: investigaciones anticorrupción
Según la versión de Idárraga, el espionaje no fue aleatorio. El ministro explicó que estaban preparando una campaña de desprestigio en su contra debido a la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción de todo nivel y tipo al interior de las Fuerzas Militares. Otras noticias: Lea más: Desde la ONU piden a las autoridades investigar la compra de Pegasus, el software para interceptar comunicaciones
“No solamente bastó haber infiltrado Pegasus en mi celular, sino que, adicionalmente, según este informe de contrainteligencia, se vino una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados, es decir, recursos públicos, para perseguirme a mí y a mi familia”, denunció el funcionario en diálogo con W Radio.
La infiltración, agregó Idárraga, habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado, específicamente del Ejército, para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción. El objetivo habría sido identificar las fuentes que le proporcionaban información para “destapar grandes escándalos de corrupción al interior del sector defensa”.
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Acciones legales y llamados a las autoridades del Minjusticia
Ante la gravedad de los hechos, Idárraga informó que radicó una denuncia penal contra persona indeterminada por la violación a su privacidad y el ataque contra su familia. El caso ya fue remitido tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La supuesta compra del software espía Pegasus por parte del gobierno del expresidente Iván Duque, ha generado más dudas que certezas desde que se denunció hace algunos meses. Sin embargo, el tema volvió a tomar protagonismo y revivió esos interrogantes, luego de que esta semana el presidente Gustavo Petro revelara un documento de la inteligencia financiera que señala que la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) presuntamente pagó 11 millones de dólares en efectivo por su adquisición.

Pegasus permite interceptar celulares y monitorearlos de forma remota. Es producido por la empresa israelí NSO Technologies, la cual vende tecnología de vigilancia a gobiernos de todo el mundo. El software ha estado en el centro de grandes polémicas en países como España, México o El Salvador.
En este último, por ejemplo, un informe de “Citiizen lab”, un laboratorio interdisciplinario con sede en la Universidad de Toronto (Canadá), encontró 35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil cuyos teléfonos fueron infectados con éxito entre julio de 2020 y noviembre de 2021, por el gobierno de Nayib Bukele. Lea más: Desde la ONU piden a las autoridades investigar la compra de Pegasus, el software para interceptar comunicaciones
Pero Colombia no había entrado dentro de esa polémica hasta marzo de este año, cuando el periodista Gur Megiddo, del periódico israelí Haaretz, afirmó que nuestro país habría comprado el software a fines de 2021, con un pago de 13 millones de dólares en efectivo, y que esa transacción irregular involucró a la Dirección de Cooperación Internacional para la Defensa de Israel, liderada en ese momento por Yair Kulas, de quien se dice es cercano al primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu.

La denuncia fue desmentida casi que inmediatamente por el Ministerio de Defensa a través de un comunicado: “Una vez verificada la base de datos para las compras estratégicas, administrada por la Dirección de Contratación Estatal, se estableció que en el lapso comprendido del año 2020 a la fecha, no se suscribieron contratos entre el MDN y la empresa israelí NSO GROUP para la compra del software Pegasus”, declaración que causó suspicacia y que tanto una investigación publicada en el mes de julio por la Revista RAYA y Señal Colombia y ahora las denuncias del presidente, Gustavo Petro, parecen desmentir.
Lo anterior porque, según la investigación publicada por RAYA y Señal Colombia, las reuniones para negociar Pegasus, se hicieron de manera secreta entre el 31 de octubre y los primeros días de noviembre de 2021. A ellas asistieron el exviceministro de Planeación y Estrategia del Ministerio de Defensa, Jairo García, y el general Kulas. . Se recomienda: ¿Qué es el ‘software’ espía Pegasus, que según Petro habría comprado el Gobierno Duque?
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Además, se habría presentado una visita a ese país a finales de octubre de 2021 de una comitiva de la que hacían parte, además del exviceministro García, Juan Diego Sepúlveda, quien era comandante del Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares; el entonces segundo comandante del Ejército, general Carlos Iván Moreno Ojeda, y Wilson Neyid Chawéz, entonces jefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares.

A esto se suman los detalles entregados por el presidente Gustavo Petro, los cuales están consignados en un informe en poder de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con información de la empresa propietaria de Pegasus. En éste se dice que en julio o agosto de 2021, un banco israelí informó sobre un depósito de 5,5 millones de dólares en efectivo en una cuenta de NSO. “El pago estaba relacionado con un acuerdo por 11 millones de dólares (datos similares a los que entregó el periodista israelí) firmado entre NSO Group Technologies Limited y la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia para la compra de Pegasus”.
El presidente agregó que el dinero habría sido transportado por vía aérea desde Bogotá, Colombia, a Tel Aviv, Israel, el 27 de junio de 2021, y que luego se entregó el dinero restante.
Pero a esos interrogantes, sobre los cuales todavía no hay respuesta, se suma la pregunta sobre de que si en realidad se compró, ¿contra quién se habría utilizado? Sobre este punto tampoco hay ninguna información, pero la Fiscalía hizo una conexión que podría dar pistas al respecto al abrir una investigación luego de las declaraciones del presidente.
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“En virtud de la conexión entre estas recientes denuncias, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia activó dichas averiguaciones en el marco de la indagación abierta el pasado mes de junio, por presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados y empleados de altas corporaciones de Justicia”, precisó la Fiscalía.
“Espero que en esta oportunidad la Fiscalía General de la Nación vaya a fondo y esclarezca todos los elementos que llevaron a esta situación de contrainteligencia soportada de manera ilegal en mi contra, en contra de mi privacidad, en contra de los denunciantes de corrupción de este país”, señaló con vehemencia el ministro.
Además de las acciones penales, Idárraga hizo un llamado específico a la Contraloría General de la República para que verifique con prontitud qué está ocurriendo con los gastos reservados del sector defensa y de la contrainteligencia nacional. “Que miren cómo se están utilizando y con qué fin, ¿con el fin de atacar a quienes están atacando la corrupción? ¿Atacar a sus propios funcionarios? Esto se tiene que esclarecer”, afirmó el funcionario.

Silencio del Ministerio de Defensa por presunto caso de espionaje en Gobierno Petro
Hasta el momento de esta publicación, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, no se ha referido públicamente al tema. Se desconoce si Andrés Idárraga conversó con él antes de hacer la denuncia pública, que supone un nuevo escándalo para la Casa de Nariño.
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El general Sánchez se encuentra actualmente de gira por territorio estadounidense como parte de un viaje que busca mostrar resultados ante las autoridades norteamericanas en la lucha antidrogas. Esta ausencia ocurre en momentos en que el gobierno colombiano se prepara para una visita oficial a la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, con el objetivo de mejorar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Un patrón de espionaje en el Gobierno colombiano
Este no es el primer caso de espionaje con software espía que salpica al gobierno de Gustavo Petro. El 3 de diciembre de 2025, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó en El Debate de SEMANA que un investigador privado detectó un software espía en su teléfono celular.
En aquella ocasión, Benedetti señaló que la “hipótesis” apuntaba a que las interceptaciones se estarían llevando a cabo desde una entidad gubernamental del extranjero. El ministro explicó que no se podía establecer puntualmente desde dónde operaba ese software espía, dado que no se deja rastrear ni tampoco se puede determinar cuándo fue instalado en su dispositivo.

Defensa de la democracia en Colombia sin espionaje
Al finalizar su denuncia, Idárraga dejó un mensaje contundente sobre la forma en que debe defenderse la institucionalidad democrática: “La democracia no se defiende con espionaje, se defiende con verdad, justicia y garantías para los denunciantes de corrupción”.
El ministro también solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando que esta denuncia “se suma a las denuncias que he venido haciendo por esa persecución en esta lucha anticorrupción”. Tenga en cuenta: Presidente Petro asegura que el Gobierno Duque compró un software para interceptar su campaña
La revelación de Idárraga abre interrogantes profundos sobre el uso de herramientas de vigilancia dentro del propio Estado colombiano y plantea serias dudas sobre la utilización de recursos públicos, específicamente los gastos reservados del sector defensa, para actividades de contrainteligencia dirigidas contra funcionarios del mismo gobierno que supuestamente combaten la corrupción.
Este escándalo se produce en un contexto político complejo para Colombia, que incluye tensiones diplomáticas internacionales y desafíos internos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. La respuesta de la Fiscalía y las demás autoridades competentes será crucial para determinar las responsabilidades en este grave caso de espionaje ilegal que, de confirmarse, representaría una violación flagrante de los derechos fundamentales y del debido proceso dentro de las instituciones del Estado.















