La Fiscalía General de la Nación aportará elementos materiales probatorios en el caso de Juliana Guerrero, quien habría recibido títulos falsos de la Fundación San José.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Fiscalía General de la Nación anunció que el próximo 27 de febrero le imputará cargos a Juliana Guerrero por la presunta falsificación de los títulos universitarios que obtuvo de la Fundación San José.
“La investigación estableció que Guerrero no asistió a sus clases ni presentó las pruebas Saber Pro, al menos hasta donde se acreditó durante el proceso”, afirmó la fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera, señalando que la situación generó un serio cuestionamiento sobre la legalidad de su posesión en el cargo público.
El ente acusador que le imputará los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Con esta imputación, la Fiscalía busca esclarecer si Guerrero incurrió en irregularidades al presentar documentos falsos que le permitieron acceder a un cargo en el Gobierno de Gustavo Petro, quien a propósito ha salido en múltiples oportunidades en su defensa.
La Fiscalía aclaró que solicitará ante un juez que se imponga la medida de aseguramiento domiciliaria.
Hay que recordar que Pedraza reveló facturas de la DIAN que demuestran que presuntamente Guerrero pagó aproximadamente 8 millones de pesos por dos títulos en la Fundación Universitaria San José.
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Universidad San José se pronuncia
La Fundación Universitaria San José se pronunció oficialmente este martes 10 de febrero, tras el llamado a imputación de cargos anunciado por la Fiscalía General de la Nación contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución, en un proceso relacionado con presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos que habrían sido utilizados para acceder a un puesto en el Gobierno Nacional.
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La investigación gira en torno a los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable que Juliana Guerrero presentó para su designación como viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad.
De acuerdo con la Fiscalía, los documentos académicos habrían sido expedidos sin que se cumplieran los requisitos legales exigidos para su obtención.
la institución educativa emitió un nuevo comunicado este martes, en el que confirmó que ya entregó a la Fiscalía General de la Nación los resultados y conclusiones preliminares de una auditoría interna, documentos que ahora hacen parte del proceso penal en curso.
Según informó la universidad, el informe fue radicado el 9 de febrero de 2026 como parte de un proceso de auditoría interna iniciado previamente y anunciado de manera pública, con el objetivo de realizar una revisión minuciosa de sus procesos institucionales e identificar posibles irregularidades al interior de la entidad.
La institución precisó que dicha entrega se suma a la denuncia penal que esta misma presentó y que busca contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de responsabilidades individuales.
