En seis años se habrían apropiado de más de 1.500 millones de pesos.
Publicado por: Redacción Nacional
Entre planos impresos, recorridos por lotes y contratos con apariencia legal, una familia habría tejido durante seis años un engranaje que, según la Fiscalía, terminó afectando el sueño de vivienda propia de al menos 45 personas en Boyacá.
De acuerdo con la Fiscalía, detrás de esta millonaria estafa presuntamente estaban Nelson Guarín Dueñas, su esposa Yolanda Lucía Divantoque Gómez y su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque. Cada uno habría asumido una función específica para dar solidez y credibilidad a los proyectos inmobiliarios que ofrecían.
El padre, según el ente acusador, se presentaba como representante legal de una constructora. Era quien lideraba reuniones con potenciales compradores, mostraba los predios donde supuestamente se desarrollarían las urbanizaciones y firmaba los contratos de compraventa. Su papel resultaba clave para generar confianza, pues actuaba como la cara visible y formal del negocio.
Los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez; y su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque, fueron judicializados por la Fiscalía como posibles responsables de ofrecer falsas ofertas de vivienda en proyectos inmobiliarios inexistentes en Duitama (Boyacá),… pic.twitter.com/IrEOOxYvMv
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 22, 2026
Mientras tanto, la madre y el hijo reforzaban la estrategia. Ellos se encargaban de exhibir planos de las viviendas, detallar características de los inmuebles y asegurar que los proyectos contaban con licencias y avales de las autoridades competentes. Todo esto habría sido determinante para persuadir y convencer a los interesados.
Promesas que nunca se cumplieron
La investigación señala que los ofrecimientos se centraban en proyectos ubicados en Duitama, los cuales no existían o carecían de licencias de construcción. Aun así, se promovían como oportunidades únicas, con facilidades de pago que hacían más atractiva la negociación.
Según la Fiscalía, los implicados solicitaban sumas de dinero para separar los inmuebles, respaldando la transacción con promesas de compraventa que nunca se materializaban. Las víctimas entregaban sus ahorros convencidas de que estaban asegurando su vivienda, sin saber que detrás no había proyectos viables.
Entre 2018 y 2024, el presunto esquema habría permitido la apropiación de 1.536 millones de pesos. El monto, de acuerdo con las autoridades, corresponde a los aportes realizados por al menos 45 personas que confiaron en la oferta inmobiliaria.
Más allá de las cifras, el caso deja un impacto social profundo: familias que destinaron recursos de años de trabajo con la esperanza de acceder a una casa propia.
La Fiscalía anunció la judicialización de los tres integrantes de los tres miembros de la familia como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda. Ahora será un juez quien determine su responsabilidad penal.
