El aterrador caso del collar bomba: la historia que destruyó la esperanza

En la grabación que dejaron los responsables del artefacto explosivo se escuchaban instrucciones dirigidas a las autoridades. La voz indicaba que no intentaran retirar el collar ni manipular el mecanismo, advirtiendo que cualquier intento de intervención provocaría la detonación.

Publicado por: Johanna Castro

Ana Elvia Cortés de Pachón tenía 53 años cuando le instalaron un artefacto explosivo en su cuello, y su esposo, Salomón Pachón González, 67. Vivían en la vereda La Palestina, en zona rural de Simijaca (Cundinamarca), donde eran conocidos como una pareja dedicada al trabajo del campo.

Su sustento provenía de los maizales, del ordeño diario y del cuidado de sus vacas y gallinas en la finca donde residían. Vecinos y crónicas de la época la describen como una mujer humilde, reservada y trabajadora, ajena a cualquier estructura de poder o riqueza.

Su vida transcurría entre labores agrícolas y el esfuerzo familiar, dependiendo exclusivamente del fruto de su tierra y de su trabajo cotidiano. Un crimen que arrebató dos vidas y marcó la historia del país El subintendente López se despidió de su hijo y de su esposa y le dijo: “Me voy para Chiquinquirá, salió un chicharrón. Cuando regrese vamos y registramos a nuestro bebé”.

A las 4:00 a.m. del 15 de mayo de 1999, en la vereda La Palestina, cuatro hombres encapuchados irrumpieron en la finca La Esperanza y despertaron a Ana Elvia. Le ajustaron al cuello un artefacto explosivo y la sentenciaron con un ultimátum: a las 3:00 p. m. regresarían por 15 millones de pesos en efectivo. Si pagaba, le quitarían la carga. Si no, la bomba estallaría.

Antes de irse dejaron un casete con instrucciones. Eran las 5:20 a.m. cuando un amigo de la familia dio aviso a la Policía. La mujer fue trasladada hasta la carretera circunvalar de Chiquinquirá. Allí, en un tramo acordonado en 50 metros a la redonda, comenzó una carrera contra el tiempo.

A las 8:30 a.m. inició el procedimiento de desactivación. Lo dirigía el subintendente Jairo Hernando López, experto antiexplosivos de la Sijín. A las 10:00 a. m. el grupo anunció que había desmontado una sección. A las 11:30, el cansancio era evidente. Le permitieron beber agua y descansar unos minutos. Al mediodía informaron que casi el 70% del artefacto estaba neutralizado.

Más de 50 personas, entre familiares y curiosos, aguardaban con esperanza. Hacia las 12:30 p.m. el ambiente era de optimismo. López dijo que faltaba poco. El coronel Fabio Santiago Roa Millán, comandante del Batallón Sucre, la abrazó para darle ánimo. Recordaría después: “La abracé y le dije tranquila que ya falta muy poco y me retiré para que los técnicos siguieran en su labor. No habría caminado diez metros, cuando se produjo la explosión”, dijo a El Tiempo.

Diez segundos después, el artefacto estalló. El cuerpo de Ana Elvia Cortés quedó destrozado al borde de la vía. El subintendente López perdió su brazo izquierdo y quedó gravemente herido. También resultaron lesionados el sargento Julio Ignacio Cruz Torres y los soldados Gustavo Caro López y José Gabriel Suárez. A las 2:00 p. m., cuando era trasladado en helicóptero al Hospital Militar en Bogotá , se con firmó la muer te del técnico antiexplosivos.

El país quedó estremecido. El sepelio de la campesina colmó la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá (Boyacá). El obispo Héctor Gutiérrez Pabón la llamó “heroína de los colombianos”.

Durante dos años el caso estuvo rodeado de versiones. Inicialmente se señaló a las Farc, pero un hombre que se identificó como comandante Gaitán Gutiérrez negó en emisoras locales cualquier responsabilidad. Finalmente, la justicia estableció que no se trató de guerrilla ni paramilitares, sino de una banda de delincuencia común conocida como ‘Los Conejos’.

El atentado sacudió de inmediato el proceso de paz que el gobierno del presidente Andrés Pastrana adelantaba con las Farc en la zona de distensión del Caguán, cuyo epicentro era San Vicente del Caguán (Caquetá).

Tras los primeros reportes que señalaban a esa guerrilla como posible responsable, el mandatario convocó un Consejo de Seguridad y suspendió la audiencia pública internacional prevista para finales de mayo, en la que participarían delegados del Gobierno, las Farc y representantes de la Unión Europea.

En la Escuela de Cadetes General Santander anunció que el encuentro quedaba cancelado porque “los pueblos del mundo no entenderían, a la luz de los últimos hechos, que se les invite a participar en el proceso de paz”.

El Juzgado Primero del Circuito Especializado de Cundinamarca condenó a 32 años de prisión a José Miguel Suárez por homicidio agravado, terrorismo, concierto para delinquir, tentativa de extorsión y otros delitos. Según el fallo, planeó y ejecutó el crimen; incluso consiguió veneno para matar al perro de la finca y fue visto dirigiéndose a la vivienda la noche de los hechos. En Tunja, el entierro del subintendente fue más silencioso. Su madre recordó que días antes había nacido su primer hijo.

Un compañero de la Sijín explicó la dimensión del desafío a El Tiempo: “Sin tener los medios para protegerse adecuadamente enfrentó el mano a mano con la bomba y lo perdió”.

El “collar bomba” fue un caso sin precedentes en Colombia. No solo cobró campesina y de un joven también dejó una marca país: la imagen de una c avanzando sin piedad y cuestión de segundos, la convertirse en tragedia.

Jairo Hernando López tenía 29 años y era oriundo de Samacá (Boyacá). Había ingresado a la Policía Nacional en 1994 como patrullero y, tras su formación inicial, decidió especializarse en explosivos dentro de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín).

Compañeros y superiores lo consideraban como uno de los más comprometidos del grupo antiexplosivos, una labor que precisión técnica, concentración extrema y sangre fría. Días antes del operativo en Chiquinquirá había vivido un momento n su vida personal: el nacimiento de su primer hijo. Aun así, el llamado para intervenir en el procedimiento que terminó costándole la vida. En su entorno familiar lo recuerdan como un e sencillo y responsable, convencido de que su trabajo implicaba riesgos, pero también del deber afrontarlos cuando la situación lo exigiera.

Según reconstruyó Revista Semana, el subintendente intentaba mantenerla serena incluso con promesas cotidianas. “Tranquila mi señora, muy tranquila, que esto lo termino en unos minutos y después nos vamos a almorzar juntos. Es más, yo la invito”, le dijo al mediodía, mientras manipulaba el artefacto. Minutos antes le había ofrecido agua: “¿Le provoca agüita?”. Ella, aterrada, preguntó: “Usted no me va a dejar morir, ¿cierto?”. “¡Cómo se le ocurre! De ésta ambos salimos vivitos”, le respondió él.