El informe documenta una crisis de violencia persistente en al menos 28 departamentos del país.
Un informe de Naciones Unidas revela la magnitud de la violencia sistemática contra quienes defienden los derechos en el país, con patrones que el Estado no ha logrado revertir.
La situación, documentada durante cuatro años consecutivos, quedó plasmada este jueves en el informe anual que presentó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, un documento que traza un mapa detallado de una tragedia que se repite en 184 municipios del país.
El organismo internacional contabilizó al menos 410 defensores asesinados entre enero de 2022 y diciembre de 2025, en 28 de los 32 departamentos del territorio nacional, la mayoría de estos asesinatos han sido durante el mandato de Gustavo Petro.
La cifra es reveladora no solo por su magnitud, sino por su concentración geográfica: el 76 % de los casos se produjo en apenas diez departamentos, lo que evidencia que la violencia tiene patrones estructurales vinculados al control territorial de economías ilegales. Le además: Líder social fue hallado muerto en un río: estaba atado a costales con piedras
El Cauca, epicentro de una violencia que no cesa
El departamento del Cauca encabeza el listado con 84 víctimas, seguido por Valle del Cauca con 37 casos. Nariño y Arauca registraron 36 homicidios cada uno, mientras que Putumayo reportó 34.
Norte de Santander sumó 21, Antioquia 19, Bolívar 15, y Chocó y Guaviare, 14 cada uno. La distribución geográfica coincide con zonas de disputa entre grupos armados por el control de cultivos ilícitos, rutas de narcotráfico y corredores estratégicos hacia las fronteras.
De las 410 víctimas, 354 eran hombres, 49 mujeres y siete personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. El informe también revela el perfil étnico de quienes más padecen esta violencia: 171 eran campesinos, 94 indígenas y 43 afrodescendientes, sectores históricamente más expuestos a la acción violenta de actores armados que disputan el dominio sobre sus territorios. Lea también: Condenan a 28 años de cárcel al asesino del periodista y líder social santandereano Jaime Vásquez
Un Estado que no logra proteger a sus ciudadanos
Los grupos armados no estatales fueron señalados como presuntos responsables del 73 % de los homicidios, seguidos por organizaciones criminales con el 8 % y por particulares con el 4 % restante.
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En 296 de los casos, la ONU estableció que uno de estos grupos pudo haber ordenado y ejecutado el crimen como parte de una estrategia deliberada para ejercer control social y territorial.
Más allá de los homicidios, el organismo documentó 2.018 casos de amenazas y ataques en el mismo periodo. El 63 % correspondió a amenazas directas, el 5 % a intentos de homicidio y el 4 % a secuestros. Sin embargo, la entidad advirtió que estas cifras representan solo una fracción de la realidad, dado el alto nivel de subregistro que persiste ante la ausencia de un sistema unificado de información estatal.
“El Estado en su conjunto no ha logrado revertir las tendencias y patrones de violencia.”, durante el gobierno de Gustavo Petro, la falta de políticas efectivas, no han permitido ejercer la defensa de los derechos humanos por parte de líderes en todo el país. Siga informado: Asesinan con una herida de cuchillo en el cuello a una líder comunal del Magdalena Medio
Si bien el informe reconoció que el Gobierno nacional trato de priorizar el problema en su agenda y promovió acciones de prevención, la valoración general del organismo fue contundente, las respuestas del Estado continúan siendo fragmentadas y desarticuladas entre sí.
Las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, según señaló la ONU, no logran traducirse en acciones operativas suficientes sobre el terreno, y el nivel municipal sigue siendo el eslabón más frágil de todo el sistema de garantías.
El informe llega en un momento en que el país debate el alcance del proceso de paz total y la efectividad de las políticas de seguridad humana en los territorios más apartados.
Para los defensores que trabajan en esas regiones, el documento de Naciones Unidas es tanto un testimonio de lo que han vivido como una advertencia sobre lo que puede seguir ocurriendo si las instituciones no logran articularse de manera efectiva en favor de quienes arriesgan sus vidas por los derechos de sus comunidades.
