Tras casi dos semanas de protestas en el Bajo Cauca y sur de Córdoba, los mineros levantaron el paro en medio de negociaciones con el Gobierno.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba se inscribe en un conflicto de larga data entre el Estado y los pequeños y medianos mineros de la región. La protesta, iniciada el 16 de marzo, tuvo como detonante los operativos de la Fuerza Pública contra la minería ilegal, que incluyeron la destrucción de maquinaria, cierre de excavaciones y controles más estrictos sobre la actividad extractiva.
Sin embargo, el trasfondo es más complejo. Los mineros reclaman desde hace años la falta de avances en procesos de formalización que les permitan operar dentro de la legalidad, así como el incumplimiento de acuerdos previos con el Gobierno Nacional. Esta tensión refleja un choque entre las normas ambientales y mineras vigentes y las condiciones económicas de una región donde la minería, en algunos casos informal, es la principal fuente de sustento.
El Bajo Cauca, conformado por municipios como Caucasia, Zaragoza y El Bagre, ha dependido históricamente de la extracción de oro como eje económico, lo que ha generado dinámicas sociales complejas, altos niveles de informalidad y presencia de actores armados ilegales. A nivel nacional, la minería ilegal es un fenómeno extendido que afecta a cientos de municipios y está asociado a impactos ambientales y fuentes de financiación de grupos criminales. Lea también: Terror en hospital de Buenaventura: así fue el violento asalto que obligó a cerrar servicios
¡Tenemos acuerdo! 🤝
— Minenergía (@MinEnergiaCo) March 28, 2026
Se levanta el paro minero del Bajo Cauca antioqueño. Triunfó el diálogo y no la violencia. Ganaron los pequeños mineros y la protección de nuestros recursos naturales.
Este acuerdo, liderado por el @MinEnergiaCo y entidades del Gobierno nacional, deja… pic.twitter.com/YoMhwpxshh
Durante el paro, esta situación se tradujo en bloqueos de vías estratégicas, pérdidas económicas millonarias y hechos de violencia como la quema de vehículos y ataques a infraestructura. Autoridades locales y el Gobierno señalaron además posibles infiltraciones de grupos ilegales en las manifestaciones, lo que agravó la crisis de orden público en la región.
En este contexto, el levantamiento del paro no solo responde a acuerdos puntuales, sino a una negociación más amplia sobre el futuro de la minería en el país. Los puntos discutidos, como la delimitación de áreas, la revisión de títulos y la formalización, evidencian que el conflicto sigue abierto y que la solución pasa por equilibrar la legalidad, la sostenibilidad ambiental y las condiciones económicas de miles de familias que dependen de esta actividad.
Con información de El Colombiano.
