Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien lideraba el proceso por presunto enriquecimiento ilícito contra el hijo del presidente Gustavo Petro, dejó el ente investigador tras finalizar su nombramiento provisional.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien estaba al frente del proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, dejó de pertenecer a la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con información conocida por Colprensa, su salida obedeció al fin de su nombramiento provisional, luego de que el cargo fuera provisto mediante concurso de méritos. Lea: Fiscalía pidió el arresto de Nicolás Petro y su abogado: esta es la razón
La funcionaria asumía la representación del ente acusador en un proceso que actualmente se encuentra en etapa de juicio y que ha sido uno de los más mediáticos de los últimos años por involucrar al hijo mayor del presidente Gustavo Petro.
La investigación comenzó en marzo de 2023 tras las declaraciones de Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, quien aseguró que este habría recibido importantes sumas de dinero de personas como el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El Hombre Marlboro”, y de Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso “El Turco” Hilsaca.
Según la Fiscalía, esos recursos habrían sido entregados con destino a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, pero parte del dinero habría sido utilizado para gastos personales, como la adquisición de bienes de lujo. Dentro del expediente figura, además, una declaración presentada ante la DIAN relacionada con un aporte de $400 millones atribuido a Gabriel Hilsaca.
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Nicolás Petro enfrenta otro proceso por presunta corrupción
Además del juicio por enriquecimiento ilícito, Nicolás Petro también es investigado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
Este expediente está relacionado con un supuesto entramado de contratación mediante el cual, según la Fiscalía, se habrían desviado recursos públicos destinados a programas para niños y adultos mayores en el departamento del Atlántico. Más noticias: Gobierno Petro advirtió temor por continuidad de programas sociales
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De acuerdo con la investigación, Nicolás Petro habría intervenido para favorecer la celebración de cinco contratos que superan los $3.000 millones, suscritos a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente.
La Fiscalía sostiene que, en el desarrollo de esos hechos, el hijo del presidente habría utilizado a su entonces pareja, Daysuris Vásquez, para facilitar contactos entre funcionarios de la Gobernación del Atlántico.
Entre ellos el entonces secretario general Raúl José Lacouture Daza, y otras personas mencionadas dentro del proceso, como Pedro Name y Gustavo de la Ossa. De momento, las investigaciones sobre este caso continúan su curso en los despachos judiciales.
