La decisión judicial concluyó que hubo una grave violación de derechos humanos y ordenó reparación económica e institucional para la familia.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable a la Policía Nacional por la muerte de Dilan Cruz, el joven de 18 años que falleció en noviembre de 2019 tras recibir un impacto en la cabeza con una munición tipo Bean Bag, disparada por un integrante del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante una jornada de protestas en Bogotá.
En la decisión, la corporación concluyó que existió una falla en el servicio por parte de la institución al clasificar la escopeta calibre 12 utilizada como un arma “menos letal”, sin informar de manera adecuada a los uniformados sobre su capacidad de causar lesiones mortales. Para el Tribunal, esta situación impidió que se aplicaran correctamente los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza.
Además de condenar a la Policía, la sentencia ordenó un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas dirigido a los familiares de la víctima, como parte de las medidas de reparación.
Tribunal habla de falla en el uso de la fuerza
La decisión judicial sostiene que las pruebas recaudadas durante el proceso no demostraron que existiera un escenario de violencia que justificara el empleo de un arma con capacidad de causar la muerte de una persona.
El Tribunal también recordó que Dilan Cruz participaba en las manifestaciones ejerciendo su derecho constitucional y convencional a la protesta. Aunque durante los hechos él y otros manifestantes devolvieron algunos gases lacrimógenos lanzados por el Esmad, la autoridad judicial fue enfática en señalar que esa acción no legitimaba el uso de un arma potencialmente letal.
Según el fallo, el Estado tiene la obligación de garantizar que las actuaciones de la Fuerza Pública respeten los derechos fundamentales de quienes participan en manifestaciones, incluso cuando se presentan situaciones de tensión.
La sentencia añade que el ejercicio del derecho a la protesta no puede convertirse en una razón para afectar derechos como la vida o la dignidad humana.
Habrá indemnización y acto público de perdón
Otro de los puntos relevantes de la decisión es que el Tribunal descartó cualquier responsabilidad por parte de Dilan Cruz en los hechos que terminaron con su muerte. En consecuencia, calificó el caso como una “grave violación de los derechos humanos”.
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Con base en esa conclusión, la corporación aumentó las indemnizaciones por perjuicios morales para los familiares del joven, superando los montos que normalmente se reconocen en este tipo de procesos.
La sentencia establece una indemnización equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la madre de Dilan Cruz. Asimismo, ordena el pago de 75 salarios mínimos para cada uno de sus hermanos y para su abuelo, una suma que, con el salario mínimo actual, supera los 919 millones de pesos.
Como medida adicional de reparación, el comandante de la Policía Nacional deberá realizar un acto público en representación de la institución para reconocer oficialmente la responsabilidad estatal y pedir disculpas a la familia del joven.
Un caso que sigue marcando el debate nacional
La muerte de Dilan Cruz se convirtió en uno de los casos más representativos sobre el uso de la fuerza durante las protestas sociales en Colombia. Los hechos ocurrieron en medio del Paro Nacional de 2019, durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque.
Posteriormente, el Esmad fue transformado en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) durante la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha manifestado que una de sus propuestas en materia de seguridad es restablecer el Esmad para atender las manifestaciones en las que se presenten hechos violentos.
A este proceso también se suma una decisión disciplinaria adoptada en noviembre de 2024 por la Procuraduría General de la Nación, que sancionó con una multa al uniformado Manuel Cubillos Rodríguez por el disparo que hirió mortalmente a Dilan Cruz. Esa determinación generó críticas porque la conducta fue calificada como una falta grave y no gravísima.
Con este nuevo fallo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reafirma la responsabilidad del Estado en la muerte del joven y ordena medidas de reparación que incluyen tanto la compensación económica a sus familiares como un reconocimiento público de la responsabilidad institucional.
