Un informe de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres documentó 2.532 atenciones entre 2022 y 2025. Pese a la despenalización del aborto hasta la semana 24, el 9,7 % de las mujeres acompañadas tuvo que desplazarse por falta de servicios, personal o medicamentos; Bogotá recibió el 43,1 % de esos casos.
Publicado por: Redacción Colombia
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres atendió a 2.532 mujeres que solicitaron información o enfrentaron obstáculos para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) entre el 22 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.
Las cifras aparecen en el informe Más allá del acceso al aborto: 20 años de acompañamiento, publicado en julio de 2026. El documento recoge la experiencia de la organización desde 2006, periodo durante el cual ha acompañado un total de 4.130 casos.
La demanda de orientación aumentó después de la Sentencia C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Mientras en 2022 fueron atendidas 256 mujeres, durante 2025 la cifra llegó a 971.
Del total de casos analizados, 1.923 mujeres recibieron asesoría y 487 necesitaron acompañamiento legal para superar alguna barrera. Otras seis solicitaron apoyo frente a procesos de criminalización por aborto.
La organización confirmó que 1.360 mujeres accedieron al procedimiento. De ellas, 945 lograron hacerlo mediante la asesoría recibida, mientras que 413 necesitaron acompañamiento legal. En los 1.172 registros restantes no hubo confirmación del acceso: 1.007 mujeres dejaron de comunicarse después de la orientación inicial, 65 desistieron y 45 informaron que no se realizaron el procedimiento.
En cuanto a las vías de acceso, 681 mujeres fueron atendidas mediante su EPS y 356 acudieron a instituciones públicas de salud. Otras 158 recibieron subsidios para acceder a una institución privada, 39 pagaron directamente el procedimiento y 12 recurrieron a redes de acompañamiento, principalmente organizaciones feministas.
La mayoría de las mujeres que reportaron su edad tenía entre 20 y 39 años, grupo que representó el 44,5 % de las atenciones. Las adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años correspondieron al 16,9 %. El informe también registra la atención de 35 niñas menores de 14 años, casos que evidencian situaciones de violencia sexual y especial vulnerabilidad.
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Sobre la edad gestacional, 1.139 mujeres tenían hasta 12 semanas de embarazo cuando solicitaron ayuda; 276 estaban entre las semanas 13 y 20; 96, entre las semanas 21 y 24, y 100 superaban las 24 semanas. En 921 casos no se obtuvo esta información.
El documento también identificó 204 atenciones a mujeres migrantes, de las cuales 176 se encontraban en situación migratoria irregular. La Mesa advierte que algunas recibieron negativas en hospitales públicos con el argumento de que no tenían regularizada su permanencia en el país.
Los casos con información sobre el lugar de residencia se concentraron principalmente en Bogotá, con 588 atenciones; Antioquia, con 160; Valle del Cauca, con 127; Cundinamarca, con 95, y Norte de Santander, con 67.
Sin embargo, la ubicación geográfica continúa siendo una de las principales dificultades. El 9,7 % de las mujeres tuvo que trasladarse a otro municipio por la falta de personal capacitado, medicamentos o instituciones que practicaran el procedimiento. Bogotá fue el destino del 43,1 % de estos traslados.
El informe también denuncia la exigencia de valoraciones obligatorias por psicología y trabajo social, el cobro indebido de copagos y cuotas moderadoras, la escasez de mifepristona y misoprostol, el uso de métodos obsoletos como el legrado y la falta de entrenamiento médico para atender embarazos en el segundo y tercer trimestre.
Para La Mesa, estas situaciones muestran que la despenalización del aborto no garantiza por sí sola el acceso efectivo al servicio. La organización hizo un llamado al Estado colombiano para que asegure una atención gratuita, oportuna, segura y respetuosa de la autonomía de las mujeres, niñas, hombres trans y personas no binarias.
