La decisión fue revelada durante la audiencia de imputación de cargos realizada el martes 4 de agosto de 2026.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Un nuevo giro se presentó en el proceso judicial contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas, luego de que tres de las cuatro mujeres relacionadas con la investigación informaran que no desean participar en un eventual juicio.
La decisión fue revelada durante la audiencia de imputación de cargos realizada el martes 4 de agosto. En medio de la diligencia, la Fiscalía General de la Nación informó que recibió un oficio firmado por las tres mujeres en el que expresaron su voluntad de apartarse del proceso.
En la comunicación enviada al ente investigador, las denunciantes manifestaron que no quieren ser representadas dentro del caso y que tampoco desean declarar durante un juicio contra el presentador.
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Además, señalaron que nunca presentaron una denuncia penal contra Jorge Alfredo Vargas. Según explicaron, lo que realizaron fue un reclamo laboral ante las directivas de Caracol Televisión, trámite que, de acuerdo con lo expuesto por ellas, recibió un tratamiento satisfactorio.
Durante la audiencia, la fiscal encargada del caso explicó que las tres mujeres solicitaron mantener reservada su identidad en cualquier diligencia judicial y renunciaron a la representación que podía ejercer la Defensoría Pública dentro del proceso.
“Las víctimas, en número de tres, lo que solicitan es que se reserve la identidad de sus nombres en cualquier diligencia judicial y renuncian, en lo básico, a la representación que pudiese ejercer frente a sus derechos en este proceso la Defensoría Pública”, indicó la funcionaria.
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Pese a la decisión de estas tres mujeres, el proceso contra Jorge Alfredo Vargas continúa. Una cuarta presunta víctima decidió permanecer vinculada a la investigación y nombró como su representante a la abogada Ana Bejarano Ricaurte.
La Fiscalía explicó que la investigación no se detiene por la decisión de algunas de las presuntas víctimas de no continuar participando, debido a que el presunto delito de acoso sexual no depende de una denuncia directa de la víctima para que las autoridades puedan adelantar la actuación judicial.
Por esta razón, el ente investigador mantiene abierta la investigación y deberá avanzar con las siguientes etapas del proceso.
Durante la audiencia también se presentó una discusión relacionada con la reserva de identidad de las presuntas víctimas. La Fiscalía y la representante de la cuarta denunciante solicitaron que sus nombres fueran protegidos y que las próximas diligencias se desarrollaran bajo reserva.
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La jueza María Teresa Santacruz determinó que el trámite tendría carácter reservado, pero estableció que la identidad de las presuntas víctimas debía ser conocida por el procesado y por sus abogados defensores: la exvicefiscal general María Paulina Riveros y el penalista Juan David Bazzani.
