El organismo presentó un diagnóstico sobre los derechos humanos en Colombia y llamó la atención sobre las nuevas formas de violencia que afectan a comunidades en distintas regiones.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La violencia armada en Colombia sigue cambiando de forma y también de herramientas. Una de las señales que más preocupa a la Defensoría del Pueblo es el aumento en el uso de drones durante acciones violentas, una práctica que dejó víctimas mortales y heridos en diferentes zonas del país.
El dato aparece en la “Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir”, documento presentado por la entidad como un diagnóstico para el nuevo Gobierno y el Congreso.
Los drones se convirtieron en una nueva amenaza para la población civil
De acuerdo con la información recopilada por la Defensoría, entre enero y mayo de 2026 el uso de drones en ataques armados aumentó 146 %.
La entidad señala que estas acciones han afectado a 145 personas y dejado 21 víctimas mortales, convirtiendo el uso de estos equipos en uno de los asuntos que genera mayor preocupación dentro del panorama actual de seguridad.
El informe también muestra que la presencia de estructuras armadas continúa extendiéndose en diferentes territorios. Durante 2026, la Defensoría ha realizado seguimiento permanente a 260 municipios por situaciones relacionadas con la presencia del ELN. En 145 de ellos se reporta una presencia permanente y en otros 115, de manera intermitente.
A esto se suman las alertas emitidas por la entidad frente a estructuras de crimen organizado. Según el diagnóstico, se han expedido 99 alertas tempranas relacionadas con la actuación de al menos 77 grupos.
Más allá de las cifras, la Defensoría advierte que el conflicto armado mantiene efectos directos sobre la población civil, especialmente en territorios donde las comunidades quedan expuestas a disputas y acciones de los grupos ilegales.
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El diagnóstico también recoge información sobre desplazamiento forzado, confinamiento, homicidios, masacres, minas antipersonal, reclutamiento de menores y afectaciones contra personas vinculadas a procesos de paz.
Un panorama que va más allá de la seguridad
La radiografía presentada por la Defensoría no se limita a la violencia armada. El documento identifica otros problemas que siguen afectando el ejercicio de los derechos en Colombia, entre ellos las desigualdades entre regiones, la crisis ambiental, el acceso a la tierra y las dificultades que enfrentan comunidades campesinas y pueblos étnicos.
En materia ambiental, la entidad reporta 34 alertas tempranas emitidas entre 2023 y 2026 por riesgos asociados con la minería ilegal en 26 departamentos. La extracción ilícita de mercurio aparece entre las situaciones que generan mayor preocupación por sus efectos sobre las comunidades y los ecosistemas.
En el campo, la Defensoría registra cerca de 2,2 millones de hectáreas formalizadas entre 2022 y 2026, además de 60.603 hectáreas vinculadas a procesos de restitución durante ese periodo.
El informe también pone la mirada sobre la libertad de expresión. Entre enero de 2025 y el 15 de junio de 2026, la FLIP registró 711 agresiones contra periodistas, entre ellas 275 amenazas.
Con este diagnóstico, la Defensoría busca dejar una fotografía de los principales problemas de derechos humanos que deberá enfrentar el país durante el nuevo periodo de Gobierno, con especial atención en los territorios donde la violencia y las condiciones de vulnerabilidad siguen marcando la vida de las comunidades.
