La investigación gira alrededor de un contrato por US$32 millones para el mantenimiento de aeronaves del Ejército.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra el exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto y otras cinco personas, dentro de la investigación por un contrato relacionado con el mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional.
El proceso está relacionado con el contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, firmado entre el Ministerio de Defensa y la compañía estadounidense Vertol Systems. El acuerdo tenía un valor de 32 millones de dólares y contemplaba trabajos de mantenimiento y suministro de repuestos para estas aeronaves.
La acusación marca un nuevo paso en el proceso, mientras continúa en trámite la solicitud de medida de aseguramiento presentada por el ente investigador contra el exfuncionario.
Fiscalía cuestiona la forma en que se adjudicó el contrato
Según la investigación, Suárez Soto habría intervenido en el proceso junto con Carlos Martín Uribe Forero, en calidad de particular, y el contratista James Lester Montgomerie.
La hipótesis de la Fiscalía apunta a que los involucrados habrían buscado que Vertol Systems obtuviera el contrato, pese a que, de acuerdo con el ente investigador, la compañía no habría acreditado las condiciones técnicas, financieras y de experiencia exigidas para ejecutar el acuerdo.
En el expediente también aparecen Hugo Alejandro Mora Tamaño, quien ocupaba la Secretaría General; Herbert Arnulfo Buitrago Galán, entonces vinculado a la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, quien para ese momento estaba al frente de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército.
La Fiscalía sostiene que durante el proceso se habrían presentado actuaciones que terminaron favoreciendo la contratación directa. Entre ellas menciona cambios en algunos requisitos, ampliaciones de los tiempos para presentar cotizaciones y reuniones previas relacionadas con la estructuración del contrato.
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Otro de los puntos bajo cuestionamiento tiene que ver con la información entregada por la empresa durante el proceso. La Fiscalía asegura que se habría permitido presentar documentación financiera y técnica que, según su investigación, no reflejaba la situación real de la compañía.
Un contrato de US$32 millones bajo investigación
El expediente también pone la lupa sobre la forma en que fueron establecidos los pagos del contrato.
De acuerdo con la Fiscalía, las condiciones inicialmente previstas habrían sido modificadas para permitir un primer desembolso de 16 millones de dólares, equivalente a la mitad del valor total del acuerdo, una vez se cumpliera el primer corte de ejecución.
#JUSTICIA | La @FiscaliaCol llamó a juicio al exviceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez, y a otras cinco personas que, al parecer, estarían involucradas en las presuntas irregularidades derivadas de la adjudicación del contrato por 32 millones de dólares para el… pic.twitter.com/nfENDi2Mv8
— Jenny Rocio Angarita Galindo (@JennyAngaritaG) August 25, 2026
La controversia judicial se concentra ahora en establecer si las decisiones adoptadas durante la contratación se ajustaron a las normas que rigen la selección de proveedores y la contratación estatal.
Con la presentación del escrito de acusación, el proceso avanza hacia la etapa de juicio, en la que la Fiscalía deberá sustentar ante un juez las pruebas y argumentos con los que pretende demostrar las presuntas irregularidades.
