El Ejecutivo sostiene que la protección de niños y adolescentes debe mantenerse sin facilitar ventajas territoriales a estructuras criminales.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Gobierno Nacional anunció que acudirá a la segunda instancia para controvertir una reciente decisión judicial relacionada con las operaciones aéreas contra grupos armados ilegales. La medida ha generado cuestionamientos desde el Ejecutivo, especialmente por las implicaciones que, según el Ministerio del Interior, podría tener para las operaciones militares en zonas donde existe presencia de estructuras armadas.
La discusión se centra en las condiciones que deben tener en cuenta las Fuerzas Militares antes de realizar un bombardeo cuando existen reportes sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por organizaciones ilegales. Para el Gobierno, proteger a los menores es una obligación que debe cumplirse con el máximo rigor, pero también considera necesario establecer criterios claros que permitan actuar contra los grupos responsables de su utilización.
Gobierno cuestiona el alcance operativo de la decisión judicial
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, manifestó que las decisiones judiciales deben ser respetadas, aunque señaló que también pueden ser objeto de críticas cuando, a juicio del Ejecutivo, generan dificultades para el desarrollo de las operaciones militares.
Uno de los principales reparos está relacionado con el criterio establecido para suspender una operación aérea cuando exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de menores reclutados.
Lara cuestionó qué debe entenderse exactamente por una información que sea “razonablemente verificable” y si esta podría corresponder a un indicio o a información proveniente de una fuente determinada.
Según el ministro, establecer un estándar demasiado amplio podría dificultar de manera considerable la utilización de bombardeos aéreos contra estructuras ilegales. Su argumento parte de una realidad conocida por las autoridades: los grupos armados continúan reclutando y utilizando menores de edad dentro de sus actividades criminales.
Ejecutivo advierte riesgos para operaciones contra grupos armados
Ante este escenario, el Gobierno confirmó que presentará un recurso de apelación contra el fallo. Lara sostuvo que los menores deben recibir protección y afirmó que esa será una prioridad de la actual administración.
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Sin embargo, el funcionario expresó su preocupación por que la presencia de menores reclutados pueda terminar siendo utilizada por los grupos armados como una estrategia para impedir operaciones militares en determinados territorios.
En ese sentido, calificó la decisión como “absurda e inconstitucional” y reiteró que será apelada por el Gobierno.
El pronunciamiento se da en medio de las acciones militares que se han adelantado contra diferentes estructuras de las disidencias de las Farc. Durante la actual administración de Abelardo De La Espriella ya se han realizado bombardeos contra grupos bajo el mando de alias ‘Calarcá’ y también contra estructuras comandadas por alias ‘Iván Mordisco’.
La controversia pone nuevamente sobre la mesa el complejo equilibrio entre las operaciones militares contra grupos armados ilegales y la obligación del Estado de evitar que los menores reclutados sean víctimas de estas acciones. Ahora será la instancia correspondiente la que deberá revisar los argumentos del Gobierno y determinar si mantiene o modifica la decisión cuestionada por el Ejecutivo.
