El proyecto busca modificar las sanciones para distintas conductas y crear nuevos delitos relacionados con el terrorismo.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El congelamiento de cuentas y bienes, las restricciones para acceder a recursos públicos y un régimen de reclusión especial para cabecillas hacen parte de las medidas que contempla el borrador del Estatuto Antiterrorista que prepara el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La iniciativa busca reforzar las herramientas del Estado para enfrentar a las organizaciones consideradas terroristas. El documento también plantea nuevas sanciones penales y la creación de un registro público para identificar a las personas y estructuras incluidas en esa categoría.
El proyecto será presentado este jueves 8 de octubre ante el Consejo de Política Criminal. Después, el Gobierno prevé radicarlo ante el Congreso de la República para iniciar su trámite legislativo.
Más noticias: “Usted, con su plata, haga lo que quiera”: De La Espriella sobre el Plan Nacional de Desarrollo
¿Quiénes entrarían en la lista de terroristas?
El borrador propone crear el Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, que podría consultarse gratuitamente mediante una herramienta tecnológica del Ministerio de Defensa. Los ciudadanos podrían verificar si una persona natural o jurídica aparece en la lista con su nombre o número de identificación.
El proceso de inclusión comenzaría con la elaboración de expedientes por parte de la Instancia Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. En ella participarían delegados de distintas entidades, entre estas los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
La decisión final quedaría en manos del Consejo de Seguridad Nacional, que determinaría la inclusión mediante un acto administrativo, previa recomendación de la instancia técnica.
Publicidad
Más noticias: Invima alerta por popular crema facial vendida por WhatsApp: no tenía permiso sanitario
La propuesta también contempla la posibilidad de pedir la exclusión del registro en cualquier momento. La solicitud tendría que resolverse en un plazo de 90 días y, si es rechazada, podría acudirse al Consejo de Estado.
¿Qué pasaría con los bienes y las cuentas?
Las consecuencias de aparecer en el registro irían más allá de la identificación pública. El articulado contempla congelar los fondos, activos y recursos económicos y bancarios de las personas u organizaciones incluidas.
Mientras permanezcan en la lista, tampoco podrían contratar con el Estado ni recibir subsidios, beneficios, programas o recursos públicos.
A estas medidas se suma una figura de aprehensión preventiva abreviada de bienes, junto con disposiciones para administrar esos recursos y establecer su destinación social.
Nuevas penas y condiciones de reclusión
El proyecto también busca modificar las sanciones para distintas conductas y crear nuevos delitos relacionados con el terrorismo. Entre los temas incluidos están el uso de drones, la minería ilegal, el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la trata de personas, los delitos informáticos y los ataques contra infraestructura crítica.
Publicidad
En determinados casos, si el delito beneficia a una persona u organización que figure en el registro, la pena podría incrementarse en una tercera parte.
Para los cabecillas, el borrador plantea un régimen penitenciario especial que incluye reclusión en establecimientos o pabellones exclusivos, visitas limitadas y suspensión de las comunicaciones, con excepción de aquellas relacionadas con la defensa.
