La entidad advierte que persisten obstáculos para acceder a la asistencia y reclama garantías de vivienda, salud, educación y medios de vida.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió al Gobierno ampliar la atención a las personas damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó 335 muertos y afectó a 500 municipios de 16 departamentos. La solicitud se produjo cuando se cumplen dos meses de la emergencia y todavía hay comunidades que enfrentan dificultades para acceder a la ayuda institucional.
El organismo solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reabrir el registro de afectados y extender la asistencia en los municipios golpeados por el sismo. Según advirtió, persisten barreras que impiden que algunas personas reciban el apoyo que necesitan para afrontar las consecuencias de la tragedia.
Vivienda, salud y educación, entre las prioridades
La recuperación de las comunidades afectadas requiere medidas que vayan más allá de la atención inmediata. Así lo señaló la Defensoría del Pueblo al insistir en que las soluciones deben contemplar el acceso a vivienda, salud, educación y medios de vida.
“La recuperación debe contemplar soluciones de vivienda, acceso a salud, educación y medios de vida”, señaló la entidad en un pronunciamiento en el que también reclamó mecanismos de participación comunitaria y transparencia en el uso de los recursos destinados a atender la emergencia.
El 10 de agosto la tierra sacudió el occidente de nuestro país: 335 personas fallecieron, cientas más resultaron heridas, miles de familias perdieron sus viviendas, medios de vida y condiciones de bienestar.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 10, 2026
El terremoto, como muchos desastres, profundizó desigualdades… pic.twitter.com/WuwTx1ENEq
El terremoto del 10 de agosto causó 335 muertes, dejó 4.516 heridos y 103 desaparecidos. Además, afectó a 489.862 personas de 305.791 familias en 500 municipios de 16 departamentos, según el más reciente balance oficial.
La Defensoría advirtió que los desastres profundizan las desigualdades preexistentes, especialmente entre las comunidades rurales y urbanas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad. Por ello, sostuvo que el proceso de recuperación debe garantizar los derechos de todas las personas afectadas.
Prevención y protección para las comunidades afectadas
Además de ampliar la asistencia, la entidad instó a incorporar la gestión del riesgo en los instrumentos de ordenamiento territorial y en las decisiones de desarrollo de los municipios. También pidió identificar las zonas amenazadas y adoptar medidas de adaptación al cambio climático.
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“La respuesta institucional no puede limitarse a actuar cuando la emergencia ya ha ocurrido”, afirmó el organismo, que considera necesario fortalecer la planificación y la prevención para reducir la exposición de las comunidades a futuros desastres.
La institución también pidió avanzar en un marco normativo y en protocolos que protejan los derechos de las personas obligadas a desplazarse por desastres o por los efectos de la crisis climática. La solicitud incluye tanto a quienes no pueden abandonar las zonas afectadas como a quienes necesitan ser reubicados.
Estas medidas, agregó la Defensoría, deben garantizar condiciones dignas durante las evacuaciones y el alojamiento temporal. Asimismo, deben facilitar el retorno o la reubicación planificada de las familias, con acceso a servicios básicos e información oportuna.
