La organización solicita patrullajes cerca de las cárceles, chalecos antibalas, investigaciones ágiles y una mesa nacional con compromisos verificables.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La seguridad de los funcionarios penitenciarios volvió a generar preocupación en Colombia tras los recientes ataques contra integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Los hechos encendieron las alertas sobre las condiciones en las que los guardianes cumplen sus funciones y los riesgos que enfrentan fuera de los establecimientos de reclusión.
La situación llevó a la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) a emitir un pronunciamiento en el que rechazó categóricamente los ataques sicariales contra sus compañeros en diferentes regiones del país. La organización advirtió que los homicidios de estos servidores representan una amenaza directa para la seguridad del Estado.
El documento, firmado por el presidente nacional del sindicato, Óscar Robayo Rodríguez, reconoce el respaldo manifestado por el presidente de la República, el ministro de Justicia y el director general del Inpec. Sin embargo, insiste en que las declaraciones de rechazo deben convertirse en acciones concretas, permanentes y verificables para proteger la vida de los trabajadores.
Cinco exigencias para reforzar la seguridad penitenciaria
Ante el panorama de violencia, la UTP planteó cinco solicitudes al Gobierno Nacional para mejorar las condiciones de seguridad del personal penitenciario.
La primera consiste en aumentar la presencia de la Fuerza Pública, especialmente mediante patrullajes de la Policía Nacional en los perímetros de las cárceles y sus vías de acceso. También pidió fortalecer las labores de inteligencia para detectar y contrarrestar las acciones de las estructuras criminales.
En segundo lugar, reclamó la entrega oportuna de chalecos antibalas certificados, equipos de comunicación y otros elementos de protección, de acuerdo con los niveles de riesgo de cada funcionario.
La tercera exigencia apunta a establecer garantías reales para el ejercicio de la labor penitenciaria, con protocolos eficaces de protección y evaluaciones de riesgo que permitan a los guardianes cumplir sus responsabilidades sin intimidaciones.
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Asimismo, el sindicato solicitó a la Fiscalía General de la Nación agilizar las investigaciones para identificar y llevar ante la justicia tanto a los autores materiales como a los intelectuales de los atentados.
Una mesa nacional para definir compromisos y plazos
La quinta petición es convocar de inmediato una Mesa Nacional de Seguridad Penitenciaria. La propuesta contempla la participación de los ministerios de Justicia y Defensa, el Inpec, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones sindicales.
El objetivo es establecer compromisos concretos, definir responsabilidades y fijar plazos para implementar medidas que respondan a los riesgos que afrontan los funcionarios.
En su pronunciamiento, la UTP insistió en que la prioridad debe ser proteger la vida, fortalecer la seguridad penitenciaria y garantizar condiciones dignas para el desempeño de esta profesión.
Finalmente, rechazó el uso político de la violencia en el sector y cuestionó las disputas y los protagonismos entre organizaciones gremiales. Para el sindicato, la gravedad de los ataques exige coordinación institucional y resultados verificables, más allá de los pronunciamientos públicos.
